Esta versión accesible es para uso exclusivo de personas ciegas, con baja visión o con otra discapacidad que no permita la lectura impresa.

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Revisión y adaptación: Lara Rapoport

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación

Participación política con perspectiva de género y diversidad / 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Editorial MinGéneros, 2023.

78 p. ; 22 x 15 cm. - (XYZ +)

ISBN 978-987-48841-3-8

1. Perspectiva de Género. 2. Diversidad Sexual. 3. Ciencia Política. I. Título. CDD 320.082

XYZ+

PARTICIPACIÓN POLÍTICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD.

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Argentina.

m.

Nota de la correctora: el libro original está escrito en lenguaje inclusivo. En lugar de la x, como el original, en esta adaptación se utiliza la e, para que resulte así accesible para el lector de pantalla. Fin de la nota.

Autoridades Nacionales

Presidente de la Nación

Dr. Alberto Ángel Fernández

Vicepresidenta de la Nación

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Jefe de Gabinete de Ministres de la Nación

Ing. Agustín Rossi

Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación

Prof. Ayelén Mazzina

Secretaria Unidad Gabinete de Asesores

Loc. Nac. Erica Laporte

Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad

Lic. Paulina Calderón

Subsecretaria de Políticas de Igualdad

Lic. Lucia Cirmi Obón

Subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad

Loc. Nac. Julieta González Salinas

Directora Nacional de Articulación de Políticas Integrales de Igualdad

Lic. Marcela Karina Cortiellas Córdoba

Edit. mingeneros.

Para la redacción de los materiales que componen Editorial Mingeneros elegimos expresar el momento de transición que atraviesa el lenguaje, en el que conviven distintas alternativas tendientes a promover una comunicación con perspectiva de género y diversidad desde diferentes miradas. Somos conscientes de que no hay una sola y única manera de nombrar el mundo, por el contrario, hay múltiples opciones para construirlo. Por eso, proponemos un uso alternativo de la "x" y de la "e", para visibilizar las diferentes formas que el lenguaje inclusivo adopta y propone.

Página 10

Prólogo

Cuando hablamos de participación política nos referimos a la posibilidad de organizarnos e incidir en la vida pública a través de los mecanismos y estructuras del Estado y de la sociedad civil, como asociaciones, juntas vecinales, asambleas, partidos políticos y toda forma de organización colectiva donde nos encontramos con otres para transformar la realidad.

Fortalecer la democracia significa incorporar la perspectiva de género y diversidad en las políticas de promoción para la participación política de mujeres y lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex, no binaries y otras identidades de género y orientaciones sexuales (LGBTI+). Hemos dado luchas históricas para ejercer estos derechos que inicialmente fueron pensados exclusivamente por y para algunos varones. Por eso, es necesario construir una nueva cultura política donde la diversidad sea un valor y repensar las dinámicas que nos incluyen o excluyen de espacios que deben ser ocupados por todes.

Desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad (en adelante MMGyD) trabajamos para generar políticas que reduzcan las desigualdades y promuevan la participación política de todas, todes y todos. Nuestro objetivo es abonar a la pluralidad de voces donde mujeres y LGBTI+ tengan lugar. Estamos convencides de que la diversidad de miradas en cada una de las instituciones y ámbitos de la vida política fortalece nuestra democracia.

Página 11

Elaboramos el presente material con el objetivo de avanzar en la sensibilización, capacitación y formación política con perspectiva de género y diversidad.

En las páginas que siguen se desarrollan conceptos clave para incorporar la perspectiva de género y diversidad a la participación política de mujeres y LGBTI+, elementos para problematizar sus obstáculos y dificultades y diversas herramientas para su abordaje.

Esperamos que las palabras, ideas y debates aquí reunidos incentiven la participación política de mujeres y LGBTI+, contribuyan a repensar las estructuras y dinámicas que hoy la dificultan y aporten a la construcción de una democracia popular, igualitaria, diversa y feminista.

Lic. Paulina Calderón

Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad

Página 12

Capítulo 1. Lo personal es político

Página 13

La presencia de mujeres y lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex, no binaries y otras identidades de género y orientaciones sexuales (LGBTI+) en la escena pública es cada vez mayor. Agrupades en movimientos, partidos políticos, organizaciones sociales y comunitarias, integrando el Estado en cualquiera de sus niveles, defendiendo sus ideas o ejerciendo sus derechos como ciudadanes, sus voces tienen entidad y sus demandas toman forma en transformaciones sociales y culturales. Sin embargo, esta presencia e incidencia en la vida pública y política aún es profundamente desigual.

La posibilidad de expresar ideas y opiniones requiere de un aprendizaje necesario y valioso para ejercer de manera plena todos nuestros derechos. Mujeres y LGBTI+ han hecho un largo recorrido para poder hablar y ser escuchades. ¿Por qué? Porque los espacios de participación, los lugares donde se toman las decisiones sobre cómo se organiza la sociedad o qué leyes garantizan derechos están ocupados, principal e históricamente, por varones.

Decimos que “lo personal es político” porque las desigualdades de género deben ser abordadas de forma integral ya que son estructurales, es decir, se enmarcan en un sistema de organización patriarcal que las sostiene y reproduce.

Transformar la realidad en la que vivimos, donde muchas personas atraviesan situaciones de exclusión y marginación por su identidad de género, orientación sexual, condición migrante, origen étnico, discapacidad, edad, entre otros, requiere del compromiso de todes desde diferentes ámbitos de participación (el Estado, las instituciones, las organizaciones sociales, los partidos políticos, el ámbito privado, entre otros) y así promover espacios de representación más amplios y diversos. Por eso, es central recuperar la convicción de que, para vivir en sociedades más igualitarias, la fuerza es siempre colectiva.

Página 14

Capítulo 2. La perspectiva de género y diversidad en la participación política

Página 15

La participación política en un contexto democrático permite incidir en los asuntos de la vida pública a través de diferentes formas: votar en las elecciones, afiliarse y participar en agrupaciones políticas o sindicales, ser candidates, asistir a asambleas en el barrio, en los espacios de trabajo o en las organizaciones, integrar centros de estudiantes, sumarse a manifestaciones o expresiones públicas, organizarse en torno a un tema o causa, entre muchos otros.

Así como el sistema patriarcal y los modos de organización que excluyen y reproducen las desigualdades de género están en debate, es necesario promover formas de participación política más igualitarias que representen los intereses y necesidades de todas, todes y todos.

La perspectiva de género y diversidad propone un enfoque que modifica la forma de entender los vínculos y las prácticas tradicionales de la participación política al incorporar una mirada crítica que visibiliza las desigualdades de género en su ejercicio al tiempo que impulsa formas de participación más representativas de las diversas y múltiples realidades que existen.

Se trata no solo de mejorar las oportunidades de participación de mujeres y LGBTI+, sino también brindar herramientas para que esta sea relevante y sostenible en el tiempo, además de capacitar a las organizaciones y partidos políticos en relación con la necesidad de incorporar la perspectiva de género y diversidad de manera transversal en todos los asuntos que les convocan. 

Página 16

Capítulo 3. La participación política de mujeres y LGBTI+

Página 17

El informe “Sexo y Poder. ¿Quién manda en Argentina?”, elaborado por Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), relevó en 2020 los puestos de mayor jerarquía en once áreas claves: política; economía; sindicatos; sociedad civil; salud; educación; ciencia; cultura y artes; defensa y seguridad; medios; y deportes. El trabajo concluye que sólo el 18% de los puestos de más alta decisión están ocupados por mujeres, es decir, 2 de cada 10.

El documento también identifica que entre 2010 y 2020 la participación de mujeres en política, educación y ciencia aumentó significativamente, mientras que en el ámbito sindical fue tan solo del 11 %. Por su parte, en medios y economía, aun cuando su presencia se duplicó, los valores siguen siendo comparativamente bajos.

La conclusión del estudio es contundente: para 2020, la participación de las mujeres en los puestos de decisión en 7 de las 11 áreas relevadas se ubica por debajo del 34 % y la mayor presencia en puestos de alto rango se concentra en pocas áreas (ELA, 2021).

En el ámbito estatal, la participación política de mujeres y LGBTI+ enfrenta numerosos desafíos:

Según el informe “Brecha de género en los cargos de gobierno. Argentina 2009-2020” (Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación, 2021), los cargos de autoridades superiores en el Sector Público Nacional son ocupados en un 68 % por varones. El estudio revela que la brecha de género decreció levemente entre 2009 y 2020 por la progresiva incorporación de mujeres en los cargos de gobierno.

En las legislaturas provinciales, el promedio de participación de mujeres es de un 38.1 % (Observatorio Político Electoral, 2021). 

Página 18

En relación con el Poder Judicial, por ejemplo, la Cámara Nacional Electoral, desde su creación en el año 1962, nunca estuvo integrada por una mujer (ELA, 2021).

El 45.5 % de los cargos directivos de la alta dirección pública son ocupados por mujeres. Sin embargo, al escalar en el organigrama, el porcentaje comienza a descender hasta llegar al 14 % en los cargos ministeriales (Atenea, 2021).

En los estudios citados la información se organiza de forma binaria, diferenciando el impacto entre mujeres y varones. Esta forma de recolección y organización de los datos invisibiliza las trayectorias y experiencias de LGBTI+. En cuanto a la participación política de LGBTI+:

En la Primera Encuesta sobre Población Trans (INDEC, 2012), el 91,4 % de las personas encuestadas manifestó no participar en actividades promovidas por los partidos políticos y solo el 25,8 % manifestó participar en actividades de organizaciones sociales.

El Informe “La revolución de las mariposas” (Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2017) señaló que la sanción de la Ley de Identidad de Género tuvo un impacto notable en el activismo por los derechos de LGBTI+: el 68,4 % de travestis y mujeres trans encuestadas comenzaron a participar en organizaciones. 

Página 19

Derechos y participación de LGBTI+

Argentina es pionera en el reconocimiento de derechos de LGBTI+ a través de la sanción de leyes de vanguardia como la Ley N° 26.743 de Identidad de Género, la N° 26.618 de Matrimonio Igualitario y N° 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán - Lohana Berkins”. Aun así, tanto en nuestro país como en toda la región, LGBTI+ continúan participando de manera desigual en los espacios de representación política y en la toma de decisiones públicas.

Luego de años de invisibilidad y represión, a partir del año 2000 los movimientos sociales y el activismo de la diversidad sexual se incorporaron de varias maneras a la vida política participando en espacios como asambleas barriales, organizaciones sociales, movimientos territoriales y partidos políticos.

Nota de la correctora. El texto original presenta la fotografía de un grupo de mujeres en una manifestación, maquilladas, con el puño en alto y dos pañuelos en sus brazos. Fin de la nota.

Página 20

Para el movimiento LGBTI+ fueron años de crecimiento y expansión. Sus organizaciones adquirieron protagonismo cada vez en más provincias, se reunieron en federaciones que se vincularon entre ellas por nuevos canales de comunicación, lo que les permitió compartir experiencias, denuncias y discusiones.

Según la politóloga Renata Hiller (2013) lo que modificó las características del movimiento de la diversidad fue:

la federalización del activismo de la diversidad sexual;

la creciente visibilidad de las identidades LGBTI+ dentro de los partidos, igual que en organizaciones como sindicatos, centros de estudiantes y otras;}

el acceso de referentes de género y diversidad a agencias y áreas de gobierno.

Por su parte, el Estado adoptó medidas tendientes a:

incorporar los derechos de LGBTI+ en su agenda política;

incluir y visibilizar el tema en los discursos públicos;

institucionalizar derechos mediante la sanción de un conjunto de leyes y la incorporación de secretarías y direcciones específicamente referidas a los temas de género y diversidad a la estructura gubernamental (Costantino, 2017).

Página 21

La lucha de las mujeres por sus derechos políticos

Los primeros años del siglo XX fueron un período de consolidación de la participación político-partidaria de las mujeres argentinas a partir de su militancia en el partido Radical y en el Partido Socialista, con el objetivo de lograr la igualdad de derechos políticos con respecto a los varones y seguir democratizando el régimen político (Valobra, 2008; Barrancos, 2014).

Después de la Primera Guerra Mundial, los movimientos de mujeres argentinas luchaban por el derecho universal al sufragio. Las décadas de 1920 y 1930 fueron muy significativas en la movilización por ese derecho, y se logró que la Cámara de Diputades de la Nación aprobara el voto femenino en 1932. Sin embargo, el Senado nunca trató la cuestión.

El sufragio femenino fue consagrado en 1947 con la Ley N° 13.010 luego de una larga y creativa lucha del movimiento de mujeres y con el apoyo político de Eva Duarte.

Nota de la correctora. El texto original presenta una fotografía en blanco y negro de Eva Duarte de Perón hablando frente a un micrófono. Fin de la nota.

Página 22

El movimiento sufragista en Argentina

El sufragismo fue un movimiento feminista a escala global que tuvo mayor presencia en Argentina desde fines del siglo XIX a principios del siglo XX. Este grupo organizado cuestionó la baja o nula representación de las mujeres en los gobiernos y desplegó una nueva forma y método de lucha cívica.

Julieta Lanteri fue la primera mujer en votar en Buenos Aires en el año 1911 al advertir, luego de interpretar creativamente el procedimiento de inscripción al padrón electoral, que no distinguía por género. Así fue como Julieta se empadronó y la justicia no se lo impidió.

En 1919 fundó junto a otras mujeres, como Petrona Eyle, Elvira Rawson de Dellepiane y Cecilia Grierson, el Partido Feminista Nacional con fines electorales. Ese mismo año presentó su candidatura a diputada nacional convalidada ante la Junta Electoral. Para lograrlo, Lanteri argumentó que “la Constitución emplea la designación genérica de ciudadano sin excluir a las mujeres”. Si bien no fue elegida, obtuvo 1.730 votos. 

Nota de la correctora. El texto original presenta la fotografía en blanco y negro de una mujer colocando un sobre en una urna. Además, todas las autoridades de mesa son mujeres. Fin de la nota.

Página 23

Nota de la correctora. El texto original presenta una fotografía retrato de Julieta Lanteri. Fin de la nota.

Página 24

Evita y el sufragio femenino

“La mujer puede y debe votar, como una aspiración de los anhelos colectivos. Pero debe, ante todo, votar, como una exigencia de los anhelos personales de liberación, nunca tan oportunamente enunciados”.

Extracto del discurso de Eva Duarte transmitido por L.R.A. Radio del Estado y la Red Argentina de Radiodifusión, el 26 de febrero de 1947.

El 9 de septiembre de 1947 se sancionó la Ley N° 13.010 de Voto Femenino, un hito en la historia de nuestra democracia y de los derechos de las mujeres que durante décadas reclamaron participar en la vida política. Previo a esta conquista, se habían presentado numerosos proyectos de sufragio femenino que nunca fueron tratados. Evita se dispuso a cambiar esta situación y apeló a reunir a mujeres de todo el país en la Plaza del Congreso con la consigna “¡Queremos votar!”, mientras mantenía reuniones con los legisladores para instarlos a comprometerse con el clamor social femenino, demostrando una vez más que el suyo era un rol protagónico en la vida política.

El 23 de septiembre de ese año, luego de promulgada la ley, Evita dio un discurso en Plaza de Mayo donde la esperaban miles de mujeres:

“Recibo en este instante, de manos del Gobierno de la Nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo, ante vosotras, con la certeza de que lo hago, en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Sintiendo, jubilosamente, que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria (Ministerio de Cultura de la Nación, 2021)”.

El sufragio universal impulsado por Evita se inscribe en su incansable labor por la inserción de las mujeres en la vida política argentina. Ella comprendía con claridad que las leyes no modifican realidades, sino a las personas. Por eso emprendió, a partir de ese mismo septiembre, el empadronamiento de mujeres a través de los centros cívicos y las delegadas que ya tenía desplegadas en todo el territorio nacional.

Página 25

Las censistas trabajaron tenazmente siguiendo su modelo, para hacer efectivo el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Además se les asignó la responsabilidad de crear las primeras unidades básicas.

Para Evita los derechos conquistados con tanto esfuerzo implicaban que las mujeres no sólo pudieran elegir, sino también ser elegidas. Es así que el 26 de julio de 1949 creó el Partido Peronista Femenino (PPF) que tuvo su principal espacio de acción social en las unidades básicas, con un alcance territorial inédito que sólo fue posible por el compromiso de miles de mujeres argentinas de cada ciudad, pueblo y paraje del país.

El 11 de noviembre de 1951 las mujeres votaron por primera vez y las candidatas electas ocuparon más del 30% de los cargos parlamentarios. Se trató de un acontecimiento singular a nivel regional, pues ningún país de América Latina tenía, a mediados del siglo pasado, esa cantidad de representantes mujeres. El PPF obtuvo 23 diputadas, 3 delegadas de los territorios nacionales y 6 senadoras.

El invaluable aporte de Evita por la igualdad en los derechos cívicos y políticos de las mujeres, en pos de equipararlas jurídicamente con los varones de su época, marcaron uno de los mayores hitos en la conquista de derechos para las argentinas, y sentaron las bases para el desarrollo de los feminismos del país.

Muchas de las luchas alumbradas por Evita siguen estando vigentes al momento de pensar y construir sociedades más solidarias, justas e igualitarias, lo cual demuestra la trascendencia de sus causas, y las injusticias que debemos enfrentar para dignificar la militancia colectiva y la propia existencia.

Página 26

Participación política de mujeres y LGBTI+ en partidos políticos

Para construir una sociedad igualitaria con una democracia efectiva y plena, es necesario garantizar la participación política y la representación de las mujeres. En este sentido, distintas acciones afirmativas, como la Ley N° 24.012 de Cupo Femenino sancionada en 1991, permitieron un avance en la participación de las mujeres en los ámbitos legislativos. Además de su importancia como señal de democratización, la inclusión de mujeres en el Congreso favoreció el reconocimiento de sus derechos en diferentes ámbitos de la vida social, mediante la incorporación de nuevas preocupaciones y miradas en la agenda legislativa nacional.

Por su parte, la Ley N° 26.571 de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral impulsó el cupo mínimo del 30 % de mujeres para ocupar cargos de autoridad en los partidos políticos. Esta norma, que busca mejorar la representación de las mujeres en las estructuras partidarias, ha tenido un impacto relativo. Según lo relevado por el Índice de Paridad Política de ONU Mujeres y PNUD, el cupo de mujeres en los partidos políticos no supera el 30 % (ONU Mujeres, 2020).

En cuanto a la representación, en 2017 se sancionó la Ley N° 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política que establece la obligatoriedad de contar con un 50 % de candidates de cada género en las listas legislativas, ubicados de manera intercalada desde el/le primer/x candidate titular, hasta le/el últime suplente. Este cambio de paradigma tiene como propósito asegurar una representación más igualitaria en las cámaras.

Página 27

Mujeres en los partidos políticos:

De acuerdo con la Cámara Nacional Electoral, de 2009 a esta parte son más las mujeres que se afilian a partidos políticos que varones (Cámara Nacional Electoral, s.f.).

En 2019 hubo 4 356 981 afiliaciones de mujeres en todos los partidos políticos sobre 3 851 997 de varones (Cámara Nacional Electoral, s.f.).

El promedio de mujeres en las autoridades superiores de los partidos políticos a nivel nacional es del 28,2 % (ONU Mujeres, 2020).

La participación en partidos políticos de LGBTI+ ha tenido claros avances. Sin embargo, las instituciones tienden a reproducir las estructuras binarias que actúan como barreras para su acceso. A partir del año 2000, promovida por distintas organizaciones LGBTI+, la agenda de la diversidad comenzó a tomar mayor relevancia en los partidos políticos. Progresivamente, se sumaron postulaciones de candidates LGBTI+, pero aún hoy persiste el desafío de relevar información desagregada por identidad de género e impulsar normativas específicas que les visibilicen y promuevan su participación o establezcan cupos.

Página 28

Participación política de mujeres y LGBTI+ en organizaciones sindicales

En 2002 se sancionó la Ley N° 25.674 de Cupo Sindical Femenino que establece una cuota del 30 % para la participación de mujeres en la negociación colectiva de las condiciones laborales según la cantidad de trabajadores en la rama o actividad específica, la integración de mujeres en cargos electivos y representativos de los sindicatos y ordena porcentajes de representación.

Sin embargo, mujeres y LGBTI+ aún tienen una baja participación en los cargos sindicales. El sindicato con mayor representación de mujeres es el del Personal Civil de la Nación con un 9 % (Díaz Langou et al., 2019). Todavía existen enormes desigualdades respecto al modo en el que las mujeres se incorporan a los sindicatos, las posibilidades que tienen de incluir sus propias demandas y modificar las estructuras de representación y de ejercicio del poder.

La persistencia de estas desigualdades obedece al menos a dos factores:

El carácter patriarcal que se expresa en prácticas, símbolos e incluso estatutos de los sindicatos. También surge cuando no se consideran en la agenda los problemas propios de la desigualdad de género como la incidencia que tiene el trabajo de cuidado, tanto para acceder al empleo formal como para la participación sindical.

La forma en que se da la relación laboral: precaria, registrada o no registrada. Las dificultades de participación de mujeres y LGBTI+ en el mercado laboral repercuten en su representación en el ámbito sindical como espacio de contención y lucha de sus reivindicaciones. Cualquier indicador laboral que se tome da cuenta de la desigualdad: significativa brecha salarial respecto de varones, sobrerrepresentación en sectores informales y de bajos ingresos, mayor temporalidad en la jornada laboral a tiempo parcial, mayor concentración de fuerza de trabajo en determinadas ocupaciones, menor presencia en puestos calificados y niveles jerárquicos, mayor permanencia en la subocupación (hasta 35 horas semanales), entre otras variables (Díaz Langou et al., 2019).

Página 29

Instrumentar políticas dirigidas a promover la participación de mujeres y LGBTI+ en empleos registrados debería incentivar su participación sindical y su inclusión en los cargos electivos. Ahora bien, esta herramienta debe ser complementaria con la existencia de mecanismos de ascenso en las propias estructuras sindicales. En este sentido, son pocas las mujeres que están a cargo de las principales responsabilidades de los sindicatos, incluso en las actividades más feminizadas.

Nota de la correctora. El texto original presenta un collage en el que se incluye la cúpula del congreso de la nación, la ilustración de un puño levantado y la fotografía de una mujer sosteniendo y hablando por un megáfono. Fin de la nota.

Página 30

Participación de mujeres y LGBTI+ en sindicatos en números:

Como señala el informe “Radiografía de la sindicalización en Argentina” (Tomada et al., 2018), en Argentina hay cerca de 4 millones de trabajadores afiliades a organizaciones sindicales. La afiliación se concentra en un segmento ocupacional: el de les asalariades registrades de los sectores privado y público.

Las ramas de actividad con menores tasas de empleo femenino no cuentan con mujeres ocupando cargos en las comisiones directivas, por ejemplo: transporte de pasajeros, metalúrgicos, madereros, entre otros (Trajtemberg, 2009).

La sindicalización en el empleo registrado privado según género indica que mientras la tasa de sindicalización en varones es del 38 %, la proporción desciende al 29 % en mujeres (Tomada, Schleser y Maito, 2018).

El ámbito público presenta tasas de afiliación superiores al ámbito privado. La sindicalización es elevada en el sector de la enseñanza (49 %) y en salud y asistencia social (46 %), aunque no se conocen datos desagregados por género (Tomada, Schleser y Maito, 2018).

La participación de las mujeres en cargos sindicales, por fuera de los gremios docentes, salud o empleo doméstico, es baja o casi nula en algunos sectores:

Página 31

Nota de la correctora. El texto original presenta un gráfico de barras con el siguiente título: “Distribución porcentual de la Participación en cargos sindicales según sindicatos por sexo (en porcentajes, 2017)”. Sus variables y porcentajes serán transcriptos en forma tabla a continuación. Fin de la nota.

Mujeres

Varones

Aceiteros

0%

100%

Alimentación

4%

96%

Bancarios

7%

93%

Calzado

4%

96%

Camioneros

4%

96%

Choferes

0%

100%

Comercio

5%

95%

Encargados

2%

98%

Entidades deportivas

7%

93%

Ferroviarios

1%

99%

Gas

1%

99%

Gráficos

1%

99%

Madereros

0%

100%

Maestranza

2%

98%

Mecánicos

1%

99%

Metalúrgicos

0%

100%

Mineros

2%

98%

Personal Civil

9%

91%

Plásticos

1%

99%

Químicos

0%

100%

Rurales

1%

99%

Sanidad

6%

94%

Telefónicos

5%

95%

Textiles

2%

98%

Fuente: Perfil de país según igualdad de género. ONU Mujeres Argentina (2020).

Página 32

Participación política de mujeres y LGBTI+ rurales

Al igual que en los ámbitos urbanos, en la ruralidad hay una prevalencia de representaciones culturales y discursos desfavorables hacia mujeres y LGBTI+, basados en el sexismo¹, el androcentrismo², el heterosexismo³ y el cisexismo⁴, que obstaculizan subjetivamente el acceso igualitario a los recursos económicos, sociales y políticos.

Para profundizar sobre estos conceptos podés consultar Perspectiva de género y diversidad de la colección XYZ perteneciente al sello Mingeneros del MMGyD. El material lo encontrás en:

Nota de la correctora. El texto original presenta un código QR. Fin de la nota.

Página 33

Si bien hubo avances en las últimas décadas en las normativas y en las recomendaciones internacionales que orientan las políticas públicas de fomento al desarrollo social de las mujeres y LGBTI+ rurales, aún atraviesan una situación de desigualdad social y política respecto a los varones rurales.

Esta desigualdad se expresa en una dimensión económica (ligada a la falta de acceso a la tierra y los recursos productivos), social (distribución desigual de los cuidados) y cultural (prevalencia de mecanismos discriminatorios por género, etnia, nacionalidad, entre otros) que les atraviesa y que tiene como resultado una limitada participación en el ámbito público, en los mecanismos de toma de decisiones en las organizaciones de la ruralidad, y en la ejecución de los programas estatales de desarrollo rural.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (en adelante FAO) (2017), las mujeres rurales de América Latina y el Caribe conforman un grupo heterogéneo. Esta diversidad se manifiesta de varias maneras:

Por su forma de vida, con mujeres de todas las generaciones que habitan campos, bosques, selvas y áreas próximas a los cursos de las aguas.

Por su organización social, como chacareras, campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Por la variedad de actividades que desarrollan: algunas son agricultoras, ganaderas, recolectoras, pescadoras, asalariadas, asalariadas temporales migrantes (que además pueden migrar dentro de un país, e incluso de un país a otro); y otras se desempeñan en labores no estrictamente agrícolas que tienen lugar en el mundo rural, como las artesanías o el servicio doméstico.

Página 34

La desigualdad de género en la ruralidad

En términos de participación, las mujeres rurales en América Latina y el Caribe atraviesan una enorme desigualdad que se manifiesta en los siguientes indicadores:

Solo el 18 % de las explotaciones agrícolas en América Latina y el Caribe son manejadas por mujeres (FAO, 2015). No existen registros que releven la situación de LGBTI+. Esto implica que tengan:

Baja participación en la toma de decisiones de los recursos de su tierra (venta de parcelas, cambio de producción, inversiones en herramientas o insumos, herencias).

Dificultades para el acceso a recursos financieros como créditos, incentivos a la producción y capacitaciones productivas para el desarrollo rural.

Su situación se agrava por la falta de oportunidades para obtener la titularización de tierras o las dificultades en el acceso al empleo como consecuencia de las desigualdades de género.

La ausencia de estabilidad y la informalidad en el trabajo, la brecha salarial y los sueldos bajos son marcas distintivas de la situación en términos de empleabilidad e ingresos de las mujeres rurales latinoamericanas.

Las barreras culturales e idiomáticas también dificultan el acceso a un empleo, a participar del espacio público y a ejercer sus derechos.

En Argentina, el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) señala que el 45 % de las personas registradas en núcleos de agricultura familiar son mujeres (152 293) pero solo el 10 % se identifica con jefaturas femeninas.

Página 35

La investigación “Los cuidados, un sector económico estratégico. Medición del aporte del trabajo doméstico de cuidados no remunerado al Producto Interno Bruto” (Ministerio de Economía de la Nación, 2020) indica que mientras en áreas urbanas las mujeres dedican unas 6.4 horas diarias al trabajo de cuidado, las mujeres de las zonas rurales dedican hasta 14 horas.

Por su parte, según el “Diagnóstico de la situación de las mujeres rurales y urbanas, y disidencias en el contexto de COVID-19” (Bidaseca et al., 2020), el 18 % de las mujeres rurales e indígenas consultadas afrontó situaciones de violencia de género durante la pandemia.

Nota de la correctora. El texto original presenta la fotografía de dos mujeres trabajando en plantaciones. Fin de la nota.

Página 36

Participación política de las juventudes

Según la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, las infancias y adolescencias tienen el derecho a opinar y ser escuchades sobre los temas que les preocupan y conciernen.

En los últimos quince años, se ha dado un notorio crecimiento de la participación juvenil en las estructuras político-partidarias que favorece la conformación y organización de instancias participativas de distinto tipo (Molinari, 2012, Vázquez, 2013, Vommaro, 2013).

La apertura y reactivación del protagonismo de las juventudes se presenta, en gran medida, a partir de partidos y organizaciones políticas. Por otro lado, mujeres y LGBTI+ jóvenes se han mostrado especialmente actives en las demandas sociales del movimiento feminista y de la diversidad, entre ellas, las marchas “Ni una menos”, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, entre otros.

Les jóvenes también se organizan en función de intereses particulares como el medio ambiente y el cambio climático, es el caso de Jóvenes por el Clima Argentina, o en torno a derechos como la Educación Sexual Integral.

Entre otras luchas emergentes, el Comité Impulsor de la Ley de Cupo Joven, conformado por diferentes organizaciones como Amnistía Internacional, organizaciones de mujeres y LGBTI+ y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, está impulsando su participación en espacios de representación como el Congreso Nacional.

Página 37

La incorporación de las juventudes al sistema democrático argentino actual

La incorporación de les jóvenes de entre 16 y 18 años al registro electoral en nuestro país implicó la mayor ampliación en términos de reconocimiento de derechos políticos después del voto femenino.

La Ley N° 26.774 de Ciudadanía Argentina, llamada también “Ley de Voto Joven”, sancionada en 2012 establece que “Los argentinos que hubiesen cumplido la edad de dieciséis (16) años, gozan de todos los derechos políticos conforme a la Constitución y a las leyes de la República”. Es decir, entre 16 y 18 años les jóvenes tienen el derecho a votar pero no la obligación de hacerlo.

Esta ampliación de derechos no estuvo exenta de discusiones acerca de la capacidad de les jóvenes para participar de manera activa en la vida democrática. Los debates reprodujeron los prejuicios y mitos de les adultes sobre las juventudes.

Nota de la correctora. El texto original presenta la fotografía de una mujer mostrando la palma de la mano completamente extendida; en ella puede leerse “Ni una menos”. Fin de la nota.

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La participación de las juventudes en las urnas:

Les jóvenes de 16 a 25 años que pueden votar representan un 20 % del padrón nacional (Ministerio del Interior, 2019).

Según la Cámara Nacional Electoral (2021), 861 149 jóvenes de entre 16 y 17 años estaban habilitades para votar en 2021. Representan aproximadamente el 2,75 % del padrón.

En las provincias del norte, como Formosa, Misiones, Chaco, Salta y Jujuy, las juventudes tienen mayor peso electoral (Ministerio del Interior, 2019).

Tomando como referencia las elecciones de 2019, el promedio de participación de les jóvenes de 18 a 25 años fue del 81 %. Sin embargo, el segmento de 16 y 17 años vota en promedio un 20 % menos: la participación efectiva en las elecciones de 2019 fue del 63 % (Ministerio del Interior, 2019).

La brecha en el nivel de participación podría relacionarse con la subrepresentación de las juventudes en los cargos electivos, ya que la edad promedio de la Cámara de Diputades y Senadores es de 55 años (Ministerio del Interior, 2019).

Nota de la correctora. El texto original presenta un collage entre fotografías. Se observa una manifestación en la que las personas sostienen, entre otros carteles, una pancarta con el mensaje “No hay futuro sin planeta”. Asimismo, el collage contiene la fotografía de une joven que sostiene un cartel con el mensaje “Justicia climática” escrito en él. Fin de la nota.

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Nota de la correctora. El texto original presenta dos fotografías de distintas manifestaciones. En la primera, una persona sostiene un cartel cuyo mensaje es el siguiente: “El clima está cambiando, ¿Por qué vos no?”. En la segunda fotografía, une joven se encuentra de espaldas al Congreso de la Nación Argentina sosteniendo un cartel; otre, en formato collage, se presenta con un cartel en el que se lee “Ni 1 grado más, ni 1 especie menos”. Fin de la nota.

Notas

1. El sexismo funciona en base a estereotipos y se encarna en la idea de que existe un sexo superior, el del varón, y otres inferiores, mujeres y LGBTI+. Por lo tanto, todo lo que mujeres y LGBTI+ digan, produzcan o piensen es desvalorizado o minimizado (MMGyD, 2021).

2. El androcentrismo es una estructura del pensamiento que pone al varón cis como punto de partida y medida de todas las cosas. El mundo se construye desde la mirada de los varones cis, al igual que el conocimiento, la organización de la sociedad, el trabajo, la historia, en definitiva, la norma se establece a partir de sus deseos y necesidades que regulan la vida (MMGyD, 2021).

3. Cuando hablamos de heterosexismo, nos referimos al privilegio de las identidades, prácticas y relaciones heterosexuales y la desvalorización de las que protagonizan personas del mismo género.

4. Se denomina varones y mujeres cisexuales a quienes habitan el género que les fue asignado al nacer. En este caso, el prefijo “cis” significa “del mismo lado” (MMGyD, 2021).

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Capítulo 4. Principales obstáculos para la participación política de mujeres y LGBTI+ en igualdad

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A lo largo de la historia, mujeres y LGBTI+ enfrentaron barreras para participar en la política dado que los estereotipos y roles de género la asociaban estrictamente con una actividad propia de los varones. Aunque fueron fundamentales en los procesos y revoluciones que se sucedieron, mujeres y LGBTI+ quedaron invisibilizades y excluides del derecho de participar activamente en las instituciones democráticas y de gobierno.

La exclusión del ámbito público se justificaba a partir de la atribución de habilidades “naturales” relacionadas a lo doméstico, el cuidado del hogar y la familia. Durante las sesiones en las que se trató la Ley de Voto Femenino en el Congreso Nacional en los años 1946 y 1947, algunos diputados y senadores argumentaron en contra de su aprobación fundándose en la idea de que las mujeres tenían “un cerebro más pequeño que los varones” y, por ende, eran incapaces para ocupar cargos de liderazgo.

Diana Maffía (2016), Doctora en Filosofía, investigadora y docente, describe algunas barreras para la participación política de mujeres y LGBTI+:

La división social del trabajo según género. La distribución desigual del trabajo de cuidado limita el tiempo que pueden dedicar mujeres y LGBTI+ a la participación política y a otros intereses o deseos.

El privilegio de los varones en relación con otras identidades en todos los ámbitos de la vida.

La violencia contra mujeres y LGBTI+ expresada tanto en el ámbito público como en el privado. El hecho de que circular por el espacio público sea un riesgo mayor de acuerdo con el género es una limitación para la participación en condiciones de igualdad. Al mismo tiempo, invisibilizar los reclamos, intereses y necesidades de mujeres y LGBTI+ es una forma de violencia.

Los modelos de comunicación y representación que menosprecian o discriminan lo femenino. El androcentrismo, el heterosexismo como norma, y el cisexismo influyen en la construcción de las identidades y en cómo se valora a las personas y su participación.

La injusta distribución de los recursos provoca que mujeres y LGBTI+ se encuentren entre los grupos económicamente más vulnerables. 

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Capítulo 5. El trabajo de cuidado y el derecho a la participación política de mujeres y LGBTI+

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El trabajo de cuidado refiere a todas aquellas actividades que hacemos a diario para nuestra subsistencia y la de les demás. Cocinar, limpiar, ordenar, hacer las compras o estar al cuidado de niñes, personas mayores o con discapacidad que requieran apoyos de algún tipo, son tareas relacionadas con la reproducción, el bienestar y el sostenimiento de la vida (MMGyD, 2021). Esta tarea, que recae principalmente en mujeres y LGBTI+, ha sido históricamente invisibilizada y no remunerada.

La forma de organizar y distribuir los cuidados tuvo y tiene consecuencias para el desarrollo y la independencia de mujeres y LGBTI+. Cuanto más tiempo le dedican a estas tareas menos pueden dedicarle a su propio cuidado, a sus trayectorias laborales, estudios, carrera política e incluso, al ocio y actividades recreativas. Ante la desigualdad estructural en los cuidados, los varones se encuentran en una situación de privilegio para desempeñarse “libremente” en el ámbito público.

Mujeres y LGBTI+ que participan en ámbitos públicos y partidos políticos encuentran serias dificultades para sostener esta actividad junto a la vida familiar, porque muchas veces no tienen los recursos económicos o familiares para que cuiden de sus hijes o se hagan cargo del hogar.

El informe “Nadando contra la corriente. Mujeres y cuotas políticas en los países andinos” (León, 2005), afirma que “numerosas mujeres prefieren no comprometerse en postulaciones políticas, buscando más bien participar de manera secundaria de tal manera que no se vea afectada su responsabilidad familiar y doméstica, impuesta culturalmente”.

Esa misma responsabilidad provoca que muchas mujeres tampoco se mantengan en cargos de decisión cuando los han conseguido. La carrera política supone, de alguna manera, una dedicación casi exclusiva que muchas mujeres no están dispuestas a asumir. Por tanto, su paso por un cargo electo no implica su permanencia o aspirar a puestos de mayor jerarquía. 

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Por esto, es necesario replantear la división sexual del trabajo y las relaciones de poder entre varones, mujeres y LGBTI+. La igualdad de oportunidades no podrá ser efectiva hasta tanto el trabajo de cuidado sea asumido de manera equilibrada, lo que progresivamente tendrá impacto en los distintos ámbitos donde mujeres y LGBTI+ se desarrollan.

Por otro lado, en las organizaciones sociales o comunitarias de base territorial se suele replicar la distribución desigual del trabajo de cuidado. Mientras que los varones son los que mayoritariamente deliberan y cumplen una función dirigente, mujeres y LGBTI+ suelen ocuparse en estos espacios del cuidado de niñes, adultes mayores, personas enfermas y/o con discapacidad que requieren apoyos, entre otros. En ocasiones, también son les responsables del mantenimiento y limpieza de la infraestructura de la organización, la preparación de las comidas, las compras y demás gestiones vinculadas a los servicios del lugar.

Estos roles, y las responsabilidades que suponen, funcionan para elles como un “techo de cristal” en la organización, dado que son la puerta de entrada a la política, pero a la vez condicionan su participación al momento de asumir funciones dirigenciales y de mayor prestigio. Si logran acceder a estos puestos, es frecuente que deban realizar un esfuerzo superior que los varones, ya que el hecho de asumir roles dirigenciales no se traduce en la redistribución de sus responsabilidades de cuidado en la organización o en sus ámbitos privados y públicos previos a la organización.

Esta situación deja en evidencia la relación que existe entre los derechos humanos en un sentido amplio. Si no se garantizan derechos sociales y económicos, como lo es el derecho al cuidado, no se pueden ejercer plenamente los derechos civiles y políticos, por ejemplo, participar en actividades públicas, políticas, reunirse y representar a otres.

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Se llama “techo de cristal” a los obstáculos y restricciones que enfrentan las mujeres en comparación con los varones para acceder a puestos de decisión. Para romper esta estructura desigual fundada en lógicas patriarcales, se necesita mucho más que una mujer llegue a la presidencia de un país o que algunas tengan éxito en su carrera profesional, dirijan empresas, encabecen investigaciones, entre otros. Estos casos son relevantes e inspiradores, pero es necesario reflexionar sobre las barreras visibles e invisibles que deben enfrentar mujeres y LGBTI+ en general, los estereotipos que condicionan su vida laboral y profesional en términos de igualdad de derechos para todas, todes y todos.

Para profundizar sobre este concepto podés consultar Igualdad en los cuidados de la colección XYZ perteneciente al sello Mingeneros del MMGyD. Encontrás el material en:

Nota de la correctora. El texto original presenta un código QR. Fin de la nota.

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Capítulo 6. Violencia política hacia mujeres y LGBTI+

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Una de las barreras más extremas que encuentran mujeres y LGBTI+ para participar en ámbitos públicos y de decisión en condiciones de igualdad es la violencia política. La Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales la define como aquella que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de mujeres y LGBTI+, en tanto vulnera el derecho a una vida política libre de violencias y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones.

Le ley también refiere a la modalidad de violencia pública-política como la que, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atente contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres, y/o desaliente o menoscabe el ejercicio político o su actividad política. Puede ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros.

La violencia política y la pública-política contra mujeres y LGBTI+ afecta la igualdad en la participación y representación: sin una participación paritaria en los espacios de toma de decisiones a todos los niveles, no es posible hablar de igualdad de género ni de una democracia real.

En la experiencia regional, las expresiones de violencia política por motivos de género son de variada naturaleza y gravedad. Entre ellas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2016) señala:

la asignación a distritos sin posibilidades de ganar;

la ausencia de apoyo material o humano;

las agresiones o amenazas durante el período de campaña; 

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en el caso de mujeres electas, la asignación a comisiones o áreas de escasa importancia, con bajo presupuesto o sin él;

el trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación;

mayores exigencias de rendición de cuentas;

intimidación, amenazas o violencia física dirigidas contra ellas o sus familias que, en situaciones extremas, pueden incluir violación, asesinato y otras formas de violencia.

La investigación “Violencia política contra las mujeres en Argentina. Experiencias en primera persona” (ELA, 2018) señala que la violencia política contra las mujeres constituye un obstáculo que no solo impide su plena participación en puestos de toma de decisión en diferentes espacios, sino también refuerza roles de género, y socava la calidad de la democracia, el desarrollo y el pleno disfrute de sus derechos humanos. Entre los datos más relevantes, se destaca que:

El 98 % de las encuestadas identificaron al ámbito político como un espacio donde persiste la discriminación contra las mujeres.

8 de cada 10 encuestadas afirmaron haber vivido situaciones de violencia de género a lo largo de sus carreras políticas.

Al agrupar las acciones según los tipos de violencia, las dos más frecuentes fueron la psicológica (50 %) y la simbólica (28 %).

En relación con los factores que actúan como obstáculos para la participación de las mujeres en política, los más mencionados fueron los de tipo cultural: las responsabilidades familiares (91 %), la cultura dominante y su concepción del rol de las mujeres en la sociedad (89 %), y la falta de apoyo de los varones (76 %). En menor medida aparecen factores como la falta de recursos económicos (64 %) y el temor por la integridad física (18 %).

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Al ser consultadas por el momento de su trayectoria en el que identificaban un mayor número de episodios de violencia política, un 44 % señaló que fue como autoridad electa, un 38 % durante la militancia y un 15 % mientras eran candidatas. Las legisladoras señalaron la necesidad de emplear un abordaje integral, que incluya la realización de campañas de concientización en medios de comunicación (84 %) y generar espacios para el fortalecimiento de redes de las mujeres en política (76 %).

Estos resultados apuntan a la importancia de la prevención de la violencia contra mujeres y LGBTI+ desde el inicio de sus trayectorias políticas y durante la militancia en la juventud.

Nota de la correctora. El texto original presenta la fotografía de una manifestación frente al Congreso de la Nación Argentina. Una persona sostiene un cartel con el mensaje “#Ni una menos”. Fin de la nota.

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Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 y 2022-2024

Los Planes Nacionales de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 y 2022-2024 del MMGyD abordan las problemáticas estructurales de las violencias de género de manera participativa, federal, multiagencial, transversal e interseccional.

Basados en un nuevo paradigma de abordaje de las violencias de género, buscan:

Modificar las condiciones de vida de las personas en situación de violencia de género, además de atender la emergencia.

Promover que mujeres y LGBTI+ fortalezcan su independencia económica, accedan al trabajo formal, a la educación y a la vivienda digna.

Implementar políticas de prevención.

Proponer políticas de protección que no reproduzcan esquemas de victimización y revictimización de las personas en situación de violencia de género, sino que se enfoquen en los agresores.

Incorporar los derechos de LGBTI+.

Reconocer y fortalecer la importancia de las organizaciones sociales y comunitarias, sus redes territoriales y la articulación con el Estado.

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Discursos de odio y violencia política

En diciembre de 2019, la violencia política se incorporó como un tipo de violencia de género a la Ley N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Este tipo de violencia se reproduce a través de una forma específica de creación de sentido: los discursos de odio. La ONU (2019) los define como cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quiénes son o, en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, color, ascendencia, género u otro factor de identidad.

Estos discursos no son un fenómeno reciente, sino que reactualizan distintos antagonismos y desigualdades que atraviesan nuestra historia, y relaciones de poder que promueven jerarquías y marginalidades.

El impacto de estas expresiones es diverso. Pueden favorecer un clima social de intolerancia y odio y, en determinados contextos, alentar prácticas agresivas u homicidas. Las palabras no se agotan en los dichos, no son neutras o inocuas, su repetición construye la realidad y la verdad para algunas personas que creen que la anulación del otre es la solución para lo que identifican como problemático.

A partir de encuestas telefónicas realizadas a 3140 personas, el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo (LEDA) de la Universidad Nacional de San Martín elaboró un “índice de discursos de odio” (DDO). Las conclusiones de la investigación señalan que el 26 % de las personas consultadas apoya los discursos de odio, el 17 % son indiferentes y un 57 % los desaprueba (LEDA, 2021).

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En su informe “Discursos de odio”, LEDA refiere que en estos surge con frecuencia la idea de la desaparición del otre (polítique) como forma de proteger “la democracia”. Esta creencia tiene raíces concretas en nuestra historia y en las distintas alteraciones del orden democrático: golpes de Estado, impedimento para el ejercicio de los derechos políticos de mujeres y otras identidades, proscripciones, atentados contra la vida de candidates o funcionaries, entre otros. Como señalan les autores del estudio: “La densidad histórico-política del término ‘desaparecer’ en la Argentina muestra la inscripción de estos discursos en una trama histórica más amplia: no se trata de una novedad política sino de una actualización de discursos anti-democráticos” (LEDA, 2021).

Mujeres y LGBTI+ son el objetivo de muchas de estas narrativas que se repiten y se reproducen en medios de comunicación, redes sociales, espacios de participación que ponen barreras al pleno ejercicio de sus derechos. La investigación “¿Es posible debatir en medio de discursos de odio?”, realizada por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, analizó cuentas de Twitter del Cono Sur donde reveló que las activistas de los movimientos de mujeres redujeron sus opiniones en un 50 % para evitar el hostigamiento, el 46 % comentó que por su participación en redes sociales recibió mensajes intimidatorios en su teléfono o correo, el 33 % vivió violencia en la vía pública y el 4,2 % en su casa (Chaher, 2021).

Los discursos de odio son algo muy distinto a la libertad de expresión. Estas narrativas violentas y misóginas lesionan el debate y el intercambio de ideas porque su objetivo es anular al otre, propagan visiones acotadas y binarias del mundo y de los problemas que atravesamos como sociedad y, al mismo tiempo, estigmatizan e infunden terror a sus destinataries, limitando su participación y expresión.

Condenar las expresiones de odio en el debate político no es suficiente. Los discursos de odio son una amenaza al orden democrático e inciden de forma negativa en el desarrollo de la vida política.

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Ante estas narrativas, es necesario alertar sobre su existencia, informar(se), desplegar mecanismos que favorezcan la reflexión y el análisis de su impacto, fortalecer el rol del diálogo y debatir sobre ideas, posturas y visiones complejas del mundo evitando miradas reduccionistas.

Cuando el discurso se convierte en odio: el atentado a Cristina Fernández de Kirchner

En septiembre de 2022 se produjo un intento de magnicidio contra la dos veces presidenta y vicepresidenta en funciones Cristina Fernández de Kirchner. El ataque tuvo lugar en la puerta de su casa donde la esperaban cientos de militantes que acompañaban su llegada durante el transcurso de un proceso judicial.

Una persona logró acercarse a ella y, aprovechando el tumulto, gatilló un arma dos veces a poco más de 20 centímetros de la cabeza de la funcionaria. Aunque en un primer momento ella no advirtió con claridad lo que había sucedido, les manifestantes que la rodeaban sí lo hicieron y lograron retener al atacante. El arma había fallado.

El hecho tuvo un gran impacto en la vida social y política del país porque se trató de un evento inédito en democracia dirigido contra una de las figuras más relevantes de la política argentina. Referentes de nuestro país y de todo el mundo se solidarizaron con la exmandataria y los medios reflejaron durante semanas el hecho y su investigación judicial.

¿Se trató de un evento aislado? Las mujeres y LGBTI+ que participan en política son receptores de un sinnúmero de descalificaciones, insultos y agravios forjados por narrativas que se construyen a partir de estereotipos relacionados con su género: “no pueden tomar decisiones”, “son muy emocionales”, “no son productives”, entre muchos otros.

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Estos constituyen barreras para la participación política y Cristina Fernández de Kirchner no es ajena a esta situación.

La expresión más extrema de la violencia política es el asesinato. El atentado sufrido por la vicepresidenta es el resultado de un clima moldeado por el encadenamiento de mensajes y prácticas discursivas (como noticias falsas, antagonismos y generalizaciones) que alientan la intolerancia, la misoginia y el autoritarismo, mensajes que circulan entre las personas, se reproducen en los medios de comunicación, se viralizan en las redes sociales y construyen una atmósfera agresiva que señala culpables, demanda castigos y objeta la existencia del otre.

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Nota de la correctora. El texto original presenta una fotografía de Cristina Fernández de Kirchner. Fin de la nota.

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Indicadores de violencia política y pública-política

La violencia política y pública-política se concreta en acciones específicas que frenan y ponen barreras a la participación de mujeres y LGBTI+. La Fundación de los Nuevos Derechos (Fundeco) editó el libro “No son las reglas, es violencia. Resultados de la primera encuesta nacional sobre mujeres en política” (Gradin y Iummato, 2019) donde se reúnen una serie de indicadores para caracterizar la forma en que se ejercen estas violencias de género.

Tipos de violencia política por motivos de género

1. Psicológica

Bromas hirientes. Agresiones verbales. Comentarios misóginos.

Distribución desigual del trabajo político. Sustitución de tareas o funciones en relación a su cargo. Exclusión de la toma de decisiones.

Retención de información. Distribución desigual del uso de la palabra en los debates legislativos. No ser convocade a reuniones/asambleas/sesiones.

Impedimentos para la asistencia y/o el uso de la palabra en reuniones/debates políticos.

Indiferencia. Desprecio frente a las opiniones. Ridiculización. Invisibilización de las propuestas/opiniones/proyectos.

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2. Simbólica

Utilización de propaganda política basada en desigualdades de género.

Maltrato en las redes sociales y medios de comunicación.

Utilización de la imagen personal como forma de menosprecio.

Difusión de información personal para dañar la imagen.

3. Económica y patrimonial

Falta de recursos económicos para el desarrollo político.

Privación de oficinas, materiales y personal de apoyo.

Falta de apoyo para organizar el tiempo familiar con el político. Horarios de las reuniones y actos políticos que no contemplan las diferentes realidades.

Daños a los materiales de campaña y saboteo de sus actividades. Daños o destrucción de bienes.

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4. Sexual

- Abuso sexual directo por parte de sus pares o superiores varones.

- Chantaje sexual para poder acceder a lugares de poder.

- Acoso y/o hostigamiento sexual.

5. Física

Presiones para que renuncien a su cargo.

Impedimentos para asumir los cargos y/o registrar la candidatura.

Obstaculizar el desempeño de funciones.

Aislamiento. Acoso y hostigamiento laboral.

Agresiones contra familiares y amigues.

Amenazas de muerte.

Ataques o amenazas con armas.

Golpes.

Femicidio. 

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Capítulo 7. Hacia una democracia paritaria 

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Medidas de acción afirmativa

El voto femenino fue un hito que garantizó la igualdad en la representación de las mujeres. Su incorporación a las instituciones políticas fue incrementándose lentamente hasta finales del siglo XX, momento en el que comienza a implementarse, en Argentina y en el mundo, el sistema de cuotas por género en las listas electorales.

Los cupos o cuotas de género son acciones afirmativas que tienen el objetivo de transformar las desigualdades. En palabras de la especialista en género Clyde Soto (2009):

“La acción positiva es un método que permite paliar esta desigualdad de circunstancias iniciales, cuya modificación total requiere de largos años de cambio cultural, pues establece medidas que otorgan ventajas concretas a quienes, comparativamente, han quedado en desventaja social a partir de las costumbres, hábitos, concepciones predominantes y roles asignados en un sistema social determinado”.

Soto (2009) describe algunas características esenciales de estas acciones que buscan cambiar la realidad:

Están dirigidas a superar situaciones de desventaja o desigualdad que existen en la sociedad como consecuencia de las tradiciones, costumbres y papeles establecidos culturalmente.

Proponen medidas específicas o grupos de medidas combinadas, factibles de realizar para enfrentar la desigualdad real identificada.

Son aplicables en la gestión estatal o privada.

Son medidas que requieren de un contexto institucional que debe ser claro y respetado. 

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Pueden ser aplicadas en diferentes ámbitos. Los ámbitos de aplicación en que hay mayores experiencias son el laboral, el político y el educacional.

Buscan resultados tangibles. Con ellas se pretenden lograr efectos concretos, que puedan ser evaluados.

Tienen plazos determinados. Esto permite una evaluación sistemática de los resultados de su aplicación y garantiza que las ventajas ofrecidas logren los efectos esperados y no sean simples paliativos o consuelos, o métodos para acallar el desasosiego que produce la desigualdad.

Nota de la correctora. El texto original presenta una fotografía de mujeres del siglo XX votando. Fin de la nota.

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Del cupo a la paridad

La recuperación democrática en 1983 impulsó la participación pública de las mujeres y las demandas de los movimientos feministas para lograr una mayor representación en la vida política del país. Como recuerda Dora Barrancos (2012), “Si las organizaciones de mujeres pusieron sobre el tapete la cuestión de la violencia doméstica, fueron diferentes militantes de partidos políticos las que propusieron alterar las reglas de juego de sus fuerzas solicitando reconocimiento pleno, derecho a obtener cargos partidarios y lugares en la representación de los escaños parlamentarios”.

En 1989 se presentaron distintos proyectos para incorporar cuotas de género y en 1990 se conformó la Red de Feministas Políticas formada por mujeres de diferentes partidos políticos que abogaba por la ley de cupo. El Encuentro Nacional de Mujeres y otras organizaciones de mujeres apoyaron la iniciativa del cupo y la propuesta cobró cada vez más fuerza.

La Ley N° 24.012 de Cupo Femenino fue sancionada en 1991, estableció un piso de representación para las mujeres del 30 % en las listas de candidates a legisladores, y garantizó posibilidades reales de resultar electas para ocupar cargos. Fue una ley pionera en Latinoamérica y una acción afirmativa sin precedentes en el territorio.

El cupo femenino en el ámbito legislativo fue solo el comienzo. Otras acciones afirmativas que avanzaron progresivamente hacia la paridad son:

En 2002 se sancionó la Ley N° 25.674 de Cupo Sindical Femenino que estipula una representación femenina de un mínimo del 30 % en los cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales.

En 2009 se sancionó la Ley N° 26.571 de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, que modificó la ley orgánica de partidos políticos para exigir el cumplimiento de un cupo mínimo del 30 % de mujeres en la elección de autoridades partidarias.

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En 2017 se aprobó la Ley N° 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política que establece el principio de paridad de género en las listas de candidates a legisladores nacionales y del Parlamento del Mercosur, elevando la representación femenina de 30 % al 50 %. Esta ley fue implementada por primera vez en las elecciones nacionales de 2019.

En junio de 2021 se sancionaron dos nuevas leyes de cupo: la Ley N° 27.635 de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación de Argentina y la Ley N° 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán - Lohana Berkins”.

Nota de la correctora. El texto original presenta la fotografía de un grupo de mujeres manifestándose. Fin de la nota.

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Democracia paritaria

La democracia paritaria propone una revisión del concepto tradicional de representación para que mujeres y LGBTI+ estén presentes de manera activa en el sistema político.

La puesta en marcha de la paridad y su consolidación implica la construcción de relaciones de género igualitarias, teniendo en cuenta también otras características que contribuyen a profundizar la exclusión como el origen étnico, la diversidad sexual, la discapacidad, el nivel socioeconómico, entre otras variables y condiciones sociales.

La paridad horizontal y vertical

Al hablar de paridad, se distinguen dos aspectos del mismo concepto:

La paridad vertical se refiere a la ubicación de las candidaturas de mujeres en las listas en las que se eligen varios cargos. Debe hacerse de manera alternada y secuencial en toda su extensión y de modo descendente, tanto en los cargos titulares como en los cargos suplentes. Si se trata de listas uninominales (cuando se elige un solo cargo como, por ejemplo, presidencia o gobernaciones) la paridad se cumple con la incorporación de candidaturas suplentes (o vice candidaturas) con el género opuesto de quien detenta el cargo de titular.

La paridad horizontal hace referencia a la participación equitativa de mujeres y varones en los encabezamientos de las listas de los partidos políticos. Cuando un mismo partido político y/o alianza se presenta en varios distritos electorales simultáneamente, deben acordarse encabezamientos de mujeres y varones por igual. 

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Ley N° 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política

Sancionada en el 2017, su objetivo es asegurar la participación equitativa de varones y mujeres en relación a la paridad vertical. En la actualidad⁵, 21 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han legislado la paridad para las elecciones provinciales. Esto supone un gran avance para la participación de mujeres en la política tradicional, pero las desigualdades siguen vigentes y, en términos de paridad horizontal, las mujeres continúan subrepresentadas, sobre todo cuando se elige un solo cargo.

Un horizonte colectivo

La paridad es una medida democratizadora que debe ser entendida como una meta a la que aspiran los poderes públicos como fundamento de su legitimación democrática y a través del impulso del Estado. Pero también es importante que sea una aspiración del sector privado, la academia, de todas las instituciones y de la sociedad civil. Además de acciones afirmativas y legislación efectiva, es necesario promover una profunda transformación cultural que busque terminar con las desigualdades entre los géneros. El trabajo colectivo, territorial y cotidiano de todas, todes y todos tienen un papel esencial en alcanzar este objetivo.

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La capacitación y sensibilización en perspectiva de género y diversidad, la promoción de derechos, la deconstrucción de estereotipos, el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y LGBTI+, la prevención, visibilización y abordaje integral de las violencias de género, el respeto por la identidad, entre otros, son propósitos que guían nuestras prácticas y las acciones que se desarrollan y desarrollamos en todos los ámbitos donde participamos.

Una sociedad igualitaria es un horizonte que nos involucra a todes.

Nota de la correctora. El texto original presenta un collage compuesto por la fotografía de una persona de espaldas, micrófonos, libros, la bandera argentina y el Congreso de la Nación. Fin de la nota.

Notas

5. Nos referimos a las leyes aprobadas hasta mayo de 2023.

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Capítulo 8. Palabras finales

Todas, todes y todos tenemos el derecho a participar en política, expresar nuestras opiniones e ideas y organizarnos para promover transformaciones en los ámbitos que nos interesan. Como vimos, mujeres y LGBTI+ enfrentan grandes desafíos para sumarse y permanecer en espacios de participación política y ser considerades como iguales ante sus pares varones.

Las desigualdades, planteadas como jerarquías entre las distintas identidades de género, tienen impactos concretos en la vida cotidiana de las personas. En relación a los derechos políticos, las barreras que limitan la participación de mujeres y LGBTI+ tienen su origen en los estereotipos y prejuicios relacionados con el género que se fundamentan en el sistema patriarcal. Estos obligan a que mujeres y LGBTI+ ensayen estrategias de resistencia y adaptación a condiciones hostiles en organizaciones o espacios políticos que deberían representarles.

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La participación política con perspectiva de género y diversidad impulsa un cambio de paradigma. Plantea la necesidad de revisar las prácticas arraigadas para reconocer cómo, en decisiones o elecciones supuestamente “naturales” o de “sentido común”, confluyen actitudes que profundizan y reproducen las desigualdades y, por ende, las violencias de género.

Promover la participación no se limita solo a aumentar o igualar la cantidad de mujeres y LGBTI+ dentro de una organización social, política o sindicato sino a su capacidad de incidir en los temas que le importan a la organización, las decisiones que se toman, el acceso a los cargos de representación, es decir, a la posibilidad de ser protagonistas de las transformaciones que se proponen.

Sabemos que las barreras que se imponen a la participación política de mujeres y LGBTI+ son expresiones de violencia política. Hoy como sociedad somos más sensibles a estas prácticas, podemos reconocerlas y distinguirlas, analizar sus consecuencias en el ejercicio de nuestros derechos, así como también, en la construcción de liderazgos políticos y su sostenibilidad.

Proponer una participación con perspectiva de género y diversidad es decisivo para el ejercicio de una democracia plena que busque conmover las estructuras tradicionales y a las personas que las integran para que todas, todes y todos seamos promotores de la igualdad en la construcción de sociedades más justas.

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Referencias

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Anexo normativo

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Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

A partir de la reforma constitucional del año 1994, este tratado tiene jerarquía constitucional. En su artículo 11 señala:

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:

El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;

El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;

El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho al acceso a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico;

El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;

El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagas;

El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción”. 

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Convenio N° 190 Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Reconoce el derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género.

Constitución Nacional. Artículo 14 bis

Garantiza la protección de les trabajadores. “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagas; retribución justa; salario mínimo, vital y móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.

Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo

En su artículo 18 prohíbe la discriminación: “Se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad”.

Ley N° 23.592 de Actos Discriminatorios

Penaliza las prácticas discriminatorias, entre ellas, los actos o las omisiones discriminatorias por motivos de género.

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Legislación relevante para la temática:

Ley N° 24.012 cupo Femenino en el Código Nacional Electoral

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Ley N° 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política

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Ley N° 26.774 Ley de Ciudadanía

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Ley N° 26.877 Representación Estudiantil

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Ley N° 26.485 Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales

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Ley N° 23.179 Aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer

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Ley N° 13.010 Derechos políticos de la mujer

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Ley N° 25.674 Participación femenina en las unidades de negociación colectiva de las condiciones laborales

Colección XYZ+

PARTICIPACIÓN POLÍTICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Argentina.

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