Violencias por motivos de género

Colección XYZ

Editorial MinGéneros

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad

Argentina unida

Esta obra ha sido adaptada para el uso exclusivo de personas con discapacidad visual.

Revisión y adaptación: Fernando Villalba y Anabella Elín Fazio

Asociación Civil Tiflonexos

Biblioteca Tiflolibros

Av. Belgrano 1670 (1096) Piso 6 Ciudad de Buenos Aires

Tel: 6009-3134/3066

www.tiflonexos.org

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad

Violencias por motivos de género / 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Editorial MinGéneros, 2021.

86 p. ; 21 x 15 cm. (XYZ)

ISBN 978-987-47999-6-8

1. Violencia de Género. 2. Desigualdad. 3. Perspectiva de Género. I. Título. CDD 362.89

Colección XYZ

Violencias por motivos de género

Editorial MinGéneros

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad

Argentina

Autoridades Nacionales

Presidente de la Nación

Dr. Alberto Ángel Fernández

Vicepresidenta de la Nación

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Jefe de Gabinete de Ministrxs de la Nación

Lic. Santiago Andrés Cafiero

Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación

Ab. Elizabeth Gómez Alcorta

Secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género

Dra. Josefina Kelly Neila

Subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género

Prof. Laurana Malacalza

Subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género

Dra. Carolina Varsky

Para la redacción de los materiales que componen Editorial Mingeneros elegimos expresar el momento de transición que atraviesa el lenguaje, en el que conviven distintas alternativas tendientes a promover una comunicación con perspectiva de género y diversidad desde diferentes miradas. Somos conscientes de que no hay una sola y única manera de nombrar el mundo, por el contrario, hay múltiples opciones para construirlo. Por eso, proponemos un uso alternativo de la "x" y de la "e", para visibilizar las diferentes formas que el lenguaje inclusivo adopta y propone.

La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) es el resultado de las luchas colectivas históricas de los movimientos feministas y de la diversidad, y de la decisión política del actual Gobierno Nacional de jerarquizar la agenda de género.

Nuestra tarea está orientada a promover el ejercicio de los derechos de las mujeres y LGBTI+, y a impulsar las transformaciones necesarias para modificar las condiciones que permiten y reproducen las desigualdades estructurales por motivos de género.

Nos enfrentamos al gran desafío de dar la disputa cultural por la igualdad y de brindar respuestas integrales a las problemáticas específicas que afectan a las mujeres y LGBTI+. Por eso nos proponemos este espacio, para hacernos preguntas e indagar acerca de los discursos y sentidos establecidos. Un lugar que nos permite promover nuevas y mejores formas de encontrarnos, compartir saberes y llegar a todos los rincones del país.

Este sello editorial es el producto de un proyecto colectivo que reúne voces, diálogos y recursos necesarios para transitar el camino hacia la construcción de la Argentina inclusiva y diversa que queremos. Las colecciones y materiales que lo componen buscan erigirse como una herramienta educativa, de divulgación y de promoción del pensamiento crítico. Una usina de contenidos de referencia en temáticas de género y diversidad, que habilite nuevos modos de hacer y pensar, e impulse los cambios necesarios para que vivamos en una sociedad más justa e igualitaria, para todas, todes y todos.

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Prólogo

Las violencias por motivos de género son una de las problemáticas sociales más relevantes de la agenda pública de los últimos años en nuestro país y en el mundo. La creciente visibilización de femicidios, travesticidios y transfemicidios ocupa un lugar preponderante en el debate social y político que interpela al Estado exigiendo políticas públicas que puedan prevenirlos y dar respuestas efectivas de asistencia y protección a las personas en situación de violencia por motivos de género.

El 3 de junio del año 2015 las masivas movilizaciones en torno a la consigna “Ni una menos”, entrelazadas con movilizaciones a nivel regional e internacional contra las violencias de género que dieron lugar a los paros internacionales de mujeres, configuraron una demanda centrada no solo en las violencias por motivos de género, sino también en las desigualdades estructurales que enfrentan mujeres y LGBTI+ (acceso a derechos, brecha salarial, trabajo de cuidado no remunerado, precarización laboral, entre otras) que son la condición de posibilidad para que se produzcan y sigan reproduciendo.

La creación del MMGyD en diciembre de 2019, por parte del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es resultado de una clara decisión política de dotar de mayor institucionalidad a las políticas de género y diversidad, de jerarquizar y priorizar las acciones para erradicar las desigualdades y crear una sociedad más igualitaria, justa y con más derechos para todas, todes y todos.

Esta respuesta da cuenta de un Estado que está oyendo y haciéndose cargo de las demandas urgentes que los movimientos de mujeres, feministas y las organizaciones de la diversidad venían visibilizando a fuerza de lucha y movilizaciones en las calles. Un Estado presente, cercano, atento a las necesidades, que acompaña y brinda herramientas para que las personas en situación de violencia de género puedan acceder a los derechos económicos, sociales y culturales y, de esta manera, desarrollar un proyecto de vida libre de violencias.

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Nuestro trabajo conlleva la enorme responsabilidad de transformar en políticas públicas esas demandas, de ampliar y reconocer los derechos de las mujeres y diversidades en materia de prevención y atención de las violencias de género que apunten a transformar la realidad de las personas que las atraviesan.

A través del Plan Nacional de Acción contra las Violencias de Género 2020-2022 nos comprometimos a desarrollar y sostener una serie de políticas y medidas que buscan impactar en el núcleo de las violencias por motivos de género. Desde un abordaje integral e interseccional -que implica la prevención, asistencia, fortalecimiento de acceso a la justicia y protección de las violencias por motivos de géneronos situamos más allá de la emergencia creando las condiciones materiales para que las personas en situación de violencia de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo.

Como ocurre con otras formas de nombrar procesos sociales complejos, la categoría violencias por motivos de género agrupa una variedad de violencias que necesitamos precisar, conocer y describir, no solo a partir de la dimensión de género. Es necesario poner el foco en cómo se articulan con otras formas de violencia que atraviesan los territorios y las trayectorias de vida de las personas.

Esta publicación tiene como propósito desarrollar estos conceptos, explicar el fenómeno de las violencias de género, brindar herramientas para su abordaje y atención y poner a disposición de todxs información cierta y confiable sobre una problemática central que necesitamos resolver para construir una sociedad más justa donde todas, todes y todos podamos desarrollar vidas libres de violencias.

Josefina Kelly Neila

Secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género

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¿Qué son las violencias por motivos de género?

Las violencias por motivos de género son una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre los géneros. Esta perspectiva las enmarca como un problema social, cultural y político. Es decir, cuando hablamos de violencias por motivos de género no nos estamos refiriendo a un fenómeno individual, de pareja o intrafamiliar, sino a la subordinación social de mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersex, no binaries e identidades no heteronormadas (LGBTI+) en el marco de un orden de género y una política sexual que adquiere características particulares en el actual escenario histórico.

De esta manera, las violencias por motivos de género no se limitan a la violencia ejercida por algunos varones hacia determinadas mujeres y LGBTI+ sino que se estructuran como norma en la vida social. Si bien se pueden reconocer diversos tipos y modalidades de violencias -especificadas en la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (en adelante, Ley de Protección Integral de las Mujeres)1es necesario recuperar esta noción estructural para comprender en profundidad su origen, dinámicas y las posibilidades para su superación.

La matriz de las desigualdades de género es un sistema que organiza la sociedad de manera jerárquica y configura las relaciones sociales, políticas, culturales, económicas y ambientales: el patriarcado. Este sistema oprime, subordina y domina a las mujeres y LGBTI+ y la violencia contra ellxs es la expresión más explícita de esta dominación.

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La relación jerárquica de los géneros hace que uno se posicione por encima de los otros, ejerciendo el control y autoridad en distintos ámbitos del orden social y de la vida de las personas. Es por esto que toda conducta u omisión que atente contra la vida, libertad, dignidad, integridad psicológica, física, económica, patrimonial y la seguridad personal de mujeres y LGBTI+ es considerada violencia por motivos de género.

Además, las violencias por motivos de género deben ser consideradas desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta la interseccionalidad, es decir, el cruce del género con otras categorías como la edad, clase social, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, condición migrante, pertenencia a comunidades indígenas, ruralidad, contextos de encierro, entre otras. La intersección de las violencias por motivos de género con alguna o varias de estas categorías, agrava las situaciones de vulnerabilidad y constituye una dimensión fundamental para definir los abordajes de las políticas públicas.

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Voces sobre las violencias por motivos de género

Distintxs autorxs han abordado el tema de las violencias por motivos de género. Sus investigaciones y la mirada que aportan sobre la problemática funcionan como puertas de entrada desde donde analizar el tema y sus distintas dimensiones.

Monique Wittig

"El pensamiento Heterosexual". 1992

“La ideología de la diferencia sexual opera en nuestra cultura como una censura, en la medida en que oculta la oposición que existe en el plano social entre los hombres y las mujeres poniendo a la naturaleza como su causa. Masculino/femenino, macho/hembra son categorías que sirven para disimular el hecho de que las diferencias sociales implican siempre un orden económico, político e ideológico”.

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Montserrat Sagot

"Estrategias para enfrentar la violencia contra las mujeres", 2008.

“La violencia contra las mujeres es un componente estructural del sistema de opresión de género. El uso de la violencia es no solo uno de los medios más efectivos para controlar a las mujeres, sino también una de las expresiones más brutales y explícitas de la dominación y la subordinación. La posición de mujeres y hombres se organiza como una jerarquía en la que los hombres tienen control sobre los principales recursos de la sociedad y sobre las mujeres. Existen numerosos soportes ideológicos, morales, políticos, económicos y legales para el ejercicio de la autoridad de los varones sobre las mujeres. Aunque estos soportes varían histórica y culturalmente, el uso de la violencia constituye una de las formas más predominantes y generalizadas que ayudan al ejercicio de esa autoridad”.

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MARÍA PÍA CEBALLOS Y NATALIA GIL

"Furia travesti entre fronteras, la comunidad de las diferencias", 2018.

“Nuestras vidas contravienen todo el plexo biopolítico al contravenir el núcleo que articula los dispositivos que disciplinan el cuerpo individual con las regulaciones que controlan el cuerpo poblacional: la sexualidad hetero-cis-normada. Esa impugnación al punto ciego de las tramas de poder, se paga con la sistemática y brutal exposición a la muerte. Cuando esa impugnación se cruza con otras variables de opresión, como las de etnia y clase, todo se potencia, siendo las cifras de travesticidios/transfemicidios su translucencia. Ser travesti, ser indígena, ser pobre, se paga vendiendo el propio cuerpo, muriendo a los 37 años de hambre, de frío, de neumonía, asesinada, suicidada. Así se paga la excedencia de nuestras vidas que se afirman en la diferencia, en el límite poroso de los procesos normalizadores”.

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Nombrar es una forma de visibilizar

Las formas en que se nombran las violencias implican una operación que diferencia y jerarquiza al incluir o excluir, por ejemplo, determinados hechos o personas. Por eso han sido tan importantes los debates acerca de los alcances de las categorías que se utilizan para designar y comprender las violencias por motivos de género.

En nuestro país, esas formas de nombrar se han ido transformando: violencia familiar, violencia contra las mujeres, violencia de género, violencias por razones de género, violencias por motivos de género. Todas ellas han sido acompañadas por modificaciones en el ámbito estatal: legislaciones, organigramas y políticas públicas.

Las trasformaciones surgieron con la apertura de los procesos democráticos de la región en los cuales la violencia contra las mujeres ocupó un lugar central tanto en las agendas de los movimientos feministas y en los organismos internacionales de derechos humanos, como en las definiciones de políticas públicas a nivel nacional.

La creación del Consejo Nacional de la Mujer en 1992 es el primer antecedente de institucionalización de la perspectiva de género y de la necesidad de prevenir a nivel estatal las violencias contra las mujeres. Estos procesos fueron acompañados por la reforma constitucional que introdujo con jerarquía constitucional diversos tratados de derechos humanos, entre los que es posible mencionar, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A este listado se suma la ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), instrumento que hasta la fecha no tiene jerarquía constitucional.

Estos cambios legislativos a nivel nacional promovieron la creación de áreas específicas en los gobiernos locales, provinciales y la sanción de leyes que tuvieron como principal objeto la prevención de la violencia familiar.

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La sanción, en el año 2009, de la Ley Nº 26.485 de Protección Integral de las mujeres implicó un cambio de paradigma en el abordaje de la violencia contra las mujeres, precisamente por la incorporación del concepto de protección integral y por la referencia a otros tipos y modalidades de violencia que atraviesan las mujeres tanto en el ámbito familiar como en el ámbito público.

Desde el Poder Legislativo se impulsaron otras iniciativas de relevancia en el abordaje de las violencias de género en nuestro país: la sanción de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, las modificaciones de los agravantes a los homicidios cuando mediare violencia de género, odio de género, orientación sexual o identidad de género (artículo 80, inciso 11 e inciso 4 del Código Penal de la Nación), entre otras.

Violencias por motivos de género: la Ley N° 26.485 de Protección Integral de las Mujeres

La Ley Nº 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, sancionada en el año 2009, es un hito normativo y un avance en materia de prevención, asistencia y abordaje de las violencias por motivos de género.

Si bien la ley menciona a las mujeres, la problemática de las violencias por motivos de género es más amplia y debe interpretarse a la luz de la Ley Nº 26.743 de Identidad de Género, una conquista histórica de los movimientos LGBTI+ en materia de derechos para las diversidades que permite abordar las violencias dirigidas al conjunto de las identidades de género.

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Esta ley marcó un cambio de paradigma en el abordaje de las violencias por motivos de género ya que fue la primera que planteó el tema de manera integral. La normativa anterior, la Ley Nº 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, estaba estrictamente ceñida al ámbito doméstico y no hacía alusión al género de las personas que se encontraban en esa situación.

La Ley de Protección Integral de las Mujeres fue sancionada en consonancia con los preceptos de la Convención de Belém do Pará2 y tiene como objeto promover y garantizar, entre otros:

“a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida; b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos; d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres; f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia; y g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia”.

En su artículo 4 brinda una definición amplia del concepto de violencia contra las mujeres:

“toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.

Hablamos de “toda conducta” porque la violencia por motivos de género se expresa de muchas formas y con distintas intensidades. Puede ser desde un comentario sobre nuestro cuerpo en la calle, los celos que nos aíslan o alejan de otras personas, los gritos, las palabras que buscan herir la autoestima, romper cosas durante una discusión, las amenazas, empujones, golpes, y muchos comportamientos más que tienen un origen común: las estructuras desiguales y jerárquicas del sistema patriarcal.

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Tipos y modalidades de violencias por motivos de género

Las violencias por motivos de género constituyen una práctica estructural violatoria de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que afectan a mujeres y LGBTI+. Dichas violencias no solo suponen maltrato físico, sino que su definición incluye otras formas de violencias como la psicológica, sexual, económica, simbólica, mediática y política.

En ese sentido, en el artículo 5 de la Ley N° 26.485, se definen seis tipos de violencias contra las mujeres:

Violencia física

Se refiere a la violencia que se emplea contra el cuerpo de la persona produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato que afecte su integridad física.

Sandra lleva varios años casada. Un día en el comedor comunitario le comenta a una compañera que tiene mucho dolor de cintura. Marta le dice “dejame que te vea, quizás te golpeaste”, cuando se levanta la remera, observa moretones.

Sandra le indica con la cabeza que salgan a hablar afuera y le cuenta que su marido no quiere que ella vaya al comedor y que anoche, después de discutir a los gritos, él la golpeó con los puños en la espalda y a la altura del estómago.

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Violencia psicológica

Se trata de la violencia que causa daño emocional y disminución de la autoestima, perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento. Incluye la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia, sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.

Marcia tiene 23 años y convive con su pareja que es un joven de 26. Cada almuerzo o cena -que ella cocina-, su novio le refiere que su mamá cocina mejor y que le falta mucho por aprender. Marcia quiere trabajar fuera de la casa pero su novio insiste en que no tiene ni la imagen adecuada -le dice gordani tampoco la inteligencia para aprender a hacer un trabajo. Le dice que para no ponerse en situaciones ridículas, mejor, se ocupe solo de tener limpia y ordenada la casa.

Violencia sexual

Este tipo de violencia de género refiere a cualquier acción que implique la vulneración, en todas sus formas -con o sin acceso genitaldel derecho de las mujeres y LGBTI+ a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de personas.

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Romina se siente muy angustiada y está cansada de Pablo, su marido. Desde que empezó a estudiar en la universidad su marido está muy celoso. Él se enoja si a la noche no quiere tener relaciones sexuales y le dice que seguro es porque está con algún compañero. La noche anterior llegó a decirle que si no quería tener relaciones no le iba a dar plata para la comida de los nenes.

Violencia económica y patrimonial

Se trata de la violencia que se dirige a ejercer control de los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres y LGBTI+ cuando el agresor: se queda o controla sus bienes o propiedades; retiene, destruye o se lleva objetos, documentos personales, bienes, dinero, entre otros; limita los recursos económicos necesarios para tener una vida digna; controla los ingresos, o cuando se cobra un menor salario por la misma tarea.

Diana es una mujer de 46 años que vive con el padre de sus cuatro hijxs. Cobra la AUH y cada mes tiene una lista de compras de acuerdo a lo que van necesitando lxs chicxs. Su marido la acompaña siempre al cajero y le pide el monto total porque, según él, ella no sabe organizarse. Hace dos años que Diana no puede manejar ese dinero.

Violencia simbólica

Se presenta a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y reproducen dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de las mujeres y LGBTI+ en la sociedad.

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María estaba en una reunión de trabajo con tres colegas varones, debatieron dos horas, abordaron distintos temas y cuando terminaron, uno de los colegas dijo “bueno, si los 3 estamos de acuerdo, firmamos”. Además de desconocerla -con su frasecomo participante en la toma de decisiones, trajeron un acta impresa en la que figuraban los nombres de los 3 varones.

Violencia política

Este tipo de violencia apunta a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de las mujeres y LGBTI+, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencias y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones.

Inés es maestra y desde que empezó a dar clases en la escuela primaria participa en el gremio de forma activa, además de integrar la cooperadora. Llegó el momento de renovar las listas y las maestras conformaron una para presentar. La junta electoral la rechazó con el argumento de que eran todas mujeres.

En el artículo 6 se describen diversas modalidades en las que pueden manifestarse las violencias contra las mujeres y LGBTI+ en diferentes ámbitos:

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Violencia doméstica

Aquella ejercida por un/x integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de mujeres y LGBTI+. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, y no es requisito la convivencia.

Emilia trabaja y vive en una quinta con sus dos hijxs y su compañero Carlos. Lxs niñxs de Emilia no son hijxs de Carlos y cada vez que el papá lxs viene a buscar, Carlos insiste en que “hay algo” en cómo se miran y que lo hacen para provocarlo. La semana pasada, cuando lxs chicxs se fueron con su papá, Carlos empezó a darle patadas a la puerta mientras gritaba. Emilia se acercó pidiéndole que se calme y Carlos la empujó hacia afuera de la casa, la tiró al piso, dio un portazo y le gritó que no se atreviera a volver a entrar y que no quería verla más ni a ella ni a sus hijxs.

Violencia institucional

Aquella realizada por funcionarixs, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres y LGBTI+ tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos. Quedan comprendidas las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.

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Rocío quiere anotarse en la nocturna para terminar el secundario. Está entusiasmada porque una amiga le dijo que con el título podría estudiar una carrera en la universidad. Ella siempre soñó con ser médica. Pero cuando fue a inscribirse en la escuela no le aceptaron su DNI porque dice que su nombre es Pablo. La directora le dijo “acá no queremos líos con gente como vos”.

El caso de la violencia institucional contra travestis y trans fue investigado en profundidad en el informe “La Revolución de las Mariposas” (2016), una publicación sobre la situación de la población trans en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaborada por el Programa de Género y Diversidad Sexual, la Fundación Divino Tesoro y el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis. Con respecto a los ámbitos donde acontecen las violencias identificadas, la calle es valorada como el ámbito más violento por el 89,3% de las travestis y mujeres trans encuestadas. Las comisarías fueron señaladas por el 40,9% de las personas consultadas y en tercer lugar la escuela, con el 32,1%. También fueron mencionadas otras instituciones, como oficinas públicas en un 20,3% y los hospitales en un 18,2%. Asimismo, las cárceles son un ámbito de marcada violencia institucional contra las mujeres y LGBTI+. (3)

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Violencia laboral

Aquella que discrimina a mujeres y LGBTI+ en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. También constituye violencia de género en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre un/x determinadx trabajador/x con el fin de lograr su exclusión laboral.

Celeste tiene 21 años e ingresó recientemente al trabajo. Siendo su primera experiencia laboral, su director, quien se encarga de repartir las tareas y supervisarlas, se enteró que es una mujer trans. A la hora de hablarle por su trabajo, tuvo gestos y conductas que la incomodaron, como comentarios sexuales y preguntas sobre su vida personal.

Violencia contra la libertad reproductiva

Aquella que vulnera el derecho de las mujeres y otras personas gestantes a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley Nº 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Irene se atiende en el hospital público de la ciudad y hace unos días hizo una consulta a su ginecólogo para una ligadura tubaria. El médico le dijo que es muy joven y que si cambia de pareja quizá él quiera tener un hijx. Ella insistió en que estaba decidida por ese método anticonceptivo pero el ginecólogo le escribió un papel, lo selló y le pidió que vuelva con esa autorización firmada por el marido.

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Violencia obstétrica

Aquella que se ejerce sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres y otras personas gestantes, expresada en un trato deshumanizado, abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley Nº 25.929.

Fátima tiene 30 años y cuatro hijas mujeres de las cuales dos nacieron por cesárea. Su última hija tiene 11 meses. Cuando la tuvo, ingresó con muchas contracciones y sangrado al hospital. La partera de guardia le dijo. “¿Otra vez vos por acá? ¿Cuándo vas a aprender a cerrar las piernas?” El médico obstetra la retó por no cuidar el embarazo y expresó “pensar que hay mujeres que no pueden tener hijos y ustedes vienen a parir como conejas y encima con complicaciones”.

El Observatorio de Violencia Obstétrica de la agrupación feminista Las Casildas realizó la Encuesta de atención al parto/cesárea en los años 2015-2016 para dimensionar los números de la violencia obstétrica a la luz de la Ley de Protección Integral de las Mujeres y Ley de Parto Respetado. La investigación realizada sobre 4939 nacimientos reveló que:

A 3.3 de cada 10 mujeres y otras personas gestantes les hicieron sentir que ellxs o sus bebés corrían peligro.

7 de cada 10 no tuvieron libertad de movimiento durante el parto.

4 de cada 10 mujeres y otras personas gestantes no pudieron estar acompañadas durante el parto/cesárea.

A 7 de cada 10 mujeres y otras personas gestantes les rompieron artificialmente la bolsa.

7 de cada 10 mujeres y otras personas gestantes no saben qué prácticas realizaron sobre sus hijxs ni fue requerido su consentimiento.

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Violencia mediática

Es la que se ejerce en la publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación que promueva la explotación de mujeres y LGBTI+ o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra su dignidad, como así también su utilización en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o la construcción de patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencias de género.

En un diario de tirada nacional se relata la detención de una ex policía de nombre Laura, señalada como la responsable de una serie de robos de autos. De la nota surgen detalles sobre la vida personal de la mujer y como foto de portada aparece en una playa en traje de baño junto a un epígrafe que se refiere a ella como “la policía sexy”.

Violencia en el espacio público

Aquella ejercida contra las mujeres y LGBTI+ por una o más personas en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo.

Martina es una joven trans que con su amiga Noe van todas las tardes a estudiar a la casa de Cami. En las últimas semanas un grupo de chicos del barrio se paran en la esquina y no las dejan avanzar. Ayer, además, uno de los pibes insultó a Martina y le dijo que quería tocarla para ver cuán mujer era.

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Violencia pública política

Aquella que, fundada en motivos de género, a través de intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de mujeres y LGBTI+ y/o desalentando o menoscabando el ejercicio político o su actividad política, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales y medios de comunicación, entre otros.

Marta coordina la búsqueda de alimentos en el municipio y en los comercios que donan para su distribución en los tres comedores que tiene la organización barrial donde ella participa. Como cocina en uno y recorre los otros, siempre sabe cuántas personas van, las raciones que hacen falta, qué día de la semana hubo carne y verdura y organiza todo el trabajo con las mujeres de cada comedor. Pero ahora el gobierno provincial convocó a una reunión de referentes barriales para tratar los problemas, necesidades sociales y de alimentación en la pandemia y los varones de su organización le dijeron que van ellos, que es mejor que ellas sigan sosteniendo el trabajo de los comedores.

La violencia pública política obstaculiza e imposibilita el acceso y permanencia de las mujeres a los cargos públicos a partir del ejercicio de distintos tipos de violencia (física, sexual, psicológica, económica o simbólica). A ello se suma la carga social de los roles familiares y de cuidado. De esta manera, las mujeres que desean participar de la actividad pública deben afrontar presiones y reglas creadas para un área tradicionalmente masculina.

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¿Cómo reconocer las violencias por motivos de género?

Algunas formas de violencias por motivos de género que recorrimos en el apartado anterior son explícitas, como la violencia física, el abuso sexual o las amenazas. Otras son menos evidentes o no están visibilizadas como violencias: el humor sexista, las actitudes de control o dominación o sus manifestaciones en publicidades y en medios de comunicación.

Las formas visibles e invisibles se articulan entre sí y contribuyen a reforzar la discriminación por motivos de género que habilita y naturaliza que las violencias más evidentes ocurran. Mientras que las formas más extremas y visibles de violencia por motivos de género -como el femicidio, el travesticidio y el transfemicidio son claramente las más penalizadas por la sociedad, al mismo tiempo, hay mayor permisividad para otros tipos de violencia que también forman parte de un sistema de valores, creencias y mandatos que discriminan, oprimen y violentan a mujeres y LGBTI+.

El poder que ejercen los varones sobre las mujeres y LGBTI+ funciona de manera muy compleja. Si bien no solemos identificar como violentas ciertas acciones que suceden en nuestra vida cotidiana, éstas se van encadenando y allanan el camino hacia las manifestaciones más extremas de violencias.

La imagen que se muestra a continuación es muy elocuente porque grafica cómo se van erigiendo, sobre una base invisible y naturalizada de prácticas violentas, otras formas de violencia más visibles. En la punta, el asesinato, la agresión física, la violación, el abuso sexual, los gritos, las amenazas, el insulto. Por debajo, invisible a los ojos de lxs demás: las humillaciones, el desprecio, el chantaje emocional, la culpa, el humor sexista o la anulación.

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Nota del corrector: el texto original muestra la imagen de un iceberg en la cual se observan los distintos niveles de violencia. Representar la cuestión a través de un iceberg permite mostrar que existen acciones visibles de violencia y muchas otras que son invisibles. A continuación se menciona el contenido del iceberg en texto lineal.

La violencia comienza con la parte invisible del iceberg. Están las formas sutiles de violencia y se tratan de humor sexista, controlar a la pareja, publicidad sexista, invisibilización, lenguaje sexista, anulación y micromachismos. Luego hay formas explícitas y consisten en: culpabilizar, chantaje emocional, despreciar, ignorar, desvalorizar y humillar.

Por último está la parte visible del iceberg donde se ubican acciones tales como insultar, gritar, amenazar, violación, agresión física, abuso sexual, travesticidio, femicidio y transfeminicidio.

Fin de la nota.

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Cada año, miles de personas en el mundo son víctimas de violencias extremas por motivos de género. Ellas son la última expresión de una cantidad de gestos y acciones de diversa gravedad que están legitimadas y son toleradas socialmente en la vida cotidiana y que, si bien en su mayoría no configuran delitos, son agresiones motivadas en el género. Estas diferentes violencias son la antesala de las agresiones graves y de las extremas, que sí están tipificadas en el Código Penal.

“No me gusta que pases tanto tiempo con tus amigas, no son buena influencia”.

“Vos no sabés hacerlo, dejá que lo resuelvo yo”.

“¿Así vas a salir? Estás gorda para usar ese vestido”.

“Tu nombre es Ariel, no Rocío”.

“Bueno, hay que ver quién lidera la negociación con la empresa. ¿Lo definimos en el partido de fútbol del domingo?”

“Mejor quedate en casa así podés estar más con lxs chicxs y ocuparte de la familia”.

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Las violencias invisibles, esas que toleramos y con las que convivimos, están en la base de un sistema que relega e ignora los derechos de mujeres y LGBTI+. Las violencias por motivos de género, sean sutiles o explícitas, visibles o invisibilizadas, afectan y coartan las trayectorias de vida de las personas.

La Campaña Argentina Unida Contra las Violencias de Género del MMGyD, tiene como objetivo promover relaciones sociales más igualitarias entre los géneros por medio de acciones de alcance nacional, con una perspectiva federal e interseccional. A través del trabajo territorial, publicaciones, talleres, materiales de difusión y productos audiovisuales, la campaña recorre el país convocando a todas, todes y todos a sumarse para construir una sociedad más justa.

Todxs podemos aportar al cambio cultural necesario para vivir una vida libre de violencias.

Los materiales de la campaña se pueden descargar desde acá:

Nota del corrector: el cuadernillo original presenta la imagen de un código QR para acceder a los materiales. Fin de la nota.

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¿De qué hablamos cuando decimos “señales tempranas”? (4)

Las señales tempranas son indicadores que facilitan la detección de situaciones de violencia por motivos de género y que sirven para evitar situaciones de mayor riesgo a través de intervenciones oportunas.

Algunas pautas para realizar estas intervenciones y prevenir situaciones de violencia de género son la escucha activa, el acompañamiento integral, la información adecuada para realizar una denuncia y el conocimiento de los indicadores de riesgo. A continuación, describiremos brevemente cada uno de estos elementos.

La escucha activa

En el primer encuentro con una persona que podría estar atravesando una situación de violencia por motivos de género el objetivo principal será acompañarla en el proceso para salir de esa situación.

Una actitud de escucha activa tiene como finalidad generar un encuentro donde la persona pueda sentirse comprendida, segura, en confianza y generar las condiciones para que pueda expresarse y no sentirse juzgada.

En ese sentido, es importante no usar lenguaje estigmatizante y preguntarle a la persona cómo desea ser nombrada, es decir, sin asumir la identidad o expresión de género y respetando los pronombres con los que se identifica.

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Asimismo, es aconsejable no utilizar la palabra víctima porque representa un lugar de pasividad en el que se está negando su capacidad de agencia. Además, es una categoría que puede ser considerada como una característica de la personalidad de quien atraviesa la situación de violencia de género.

La escucha activa también implica no realizar interpretaciones sobre lo que está atravesando la otra persona ya que esto puede generar expulsión, resistencia y hasta poner en riesgo la continuidad del acompañamiento. Una manera de evitar este resultado no deseado es no dar indicaciones sobre qué hay que hacer o de qué forma hay que proceder sino generar acuerdos con la persona en base a sus deseos y posibilidades.

Una escucha activa incluye no poner en duda lo que se está contando. En su lugar, es recomendable preguntar sobre la historia de vida, el entorno, las redes de contención familiares y/o comunitarias para identificar los vínculos de referencia y apoyo que la persona refiere. Asimismo, es clave atender a la gestualidad y lo que dice el cuerpo de la persona en situación de violencia, ser pacientes con sus tiempos y respetar su confidencialidad y privacidad.

El acompañamiento

El acompañamiento se construye de manera integral con cada persona. Como cada situación es diferente, las intervenciones que se realicen deben ser situadas, respetando la singularidad de la persona que se acompaña. Es fundamental contener, derivar y/o articular con otros organismos del Estado y para ello se debe contar con información actualizada y pertinente.

Se trata de sostener y acompañar un proceso a través del cual las personas puedan recuperar la posibilidad de decidir en torno a su proyecto de vida, cuerpo, salud, entre otros aspectos. Para llevar adelante este proceso será primordial que la persona se sienta contenida y que se construya un vínculo de confianza que permita conocer su historia y reconocer las violencias que atraviesa, así como las posibilidades de construir un nuevo proyecto de vida.

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La denuncia

Existe la creencia generalizada de que las personas en situación de violencia de género deben siempre realizar una denuncia policial y/o judicial. Sin embargo, debe presentarse como una opción dentro de un abanico de posibilidades y también un derecho, pero nunca como una obligación.

La denuncia policial y/o judicial es personal, es decir, quien decide si se realiza o no es la persona que atraviesa o atravesó la situación de violencia. Las personas que acompañan deben brindar información sobre las consecuencias y los requerimientos de esta posibilidad.

En definitiva, la denuncia forma parte de una estrategia mayor de acompañamiento que se construye junto a la persona en situación de violencia por motivos de género.

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Mitos sobre las violencias por motivos de género

Los mitos sobre las violencias de género son creencias populares estereotipadas que se sostienen a lo largo del tiempo. La complejidad de la vigencia y propagación de los mitos o falsas creencias sobre las violencias de género es que las naturalizan y las relacionan con lo inevitable, lo instintivo, desdibujando su carácter estructural y la posibilidad de modificarlos.

Al mismo tiempo, las violencias de género suelen ser ubicadas como una problemática de una determinada clase social, justificadas en la falta de educación o en casos aislados, lo que evita comprender la problemática como una cuestión pública y social (González Prado Yanes, 2013).

Es muy importante reflexionar sobre estas creencias, hacerse preguntas y contar con la información precisa para poder desmontarlas. A continuación, presentamos ocho de los mitos más escuchados, junto a información útil para desarmar cada uno de ellos.

Mito 1: "¿Por qué se quedan?"

Si las mujeres no se van de sus casas es porque tan mal no están.

La dependencia económica, la falta de relaciones afectivas donde apoyarse y el estado emocional en el que se encuentran las mujeres que se encuentran en una situación de violencias son, muchas veces, los motivos por los cuales se vuelve muy complejo desarticular un contexto de violencia.

Retomando las definiciones de tipos de violencias, la violencia psicológica comprende la manipulación, el aislamiento, la culpabilización, la vigilancia constante, la exigencia de obediencia, sumisión, inclusive la indiferencia o abandono que suelen afectar la salud psicológica y la autodeterminación.

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Muchas veces este mito se asocia a otros como “no se va porque la mantiene” o porque “sus amigxs o familia no la quieren” como si la dependencia económica y afectiva fuera “culpa” de la persona en situación de violencia de género.

Mito 2: "Muchas denuncias son falsas"

Las mujeres utilizan las denuncias como venganza hacia sus exparejas o para tener una ventaja en los procesos de separación y divorcio.

Este es uno de los mitos más extendidos que no solo se desmiente estadísticamente, ya que las denuncias falsas son extremadamente inusuales, sino que desconoce los inmensos costos que implica el acto de denunciar: los problemas familiares, laborales, el miedo, los señalamientos, los ataques, las decisiones adversas y la revictimización institucional. (5)

Mito 3: "Le pasa a otras"

Las mujeres en situación de violencia de género tienen características concretas: son pasivas, sumisas, con baja autoestima, sin trabajo remunerado, en situación de pobreza.

Cualquier mujer puede atravesar una situación de violencia de género. No hay un perfil de mujer que tiende a ser más o menos maltratada o agredida. Esta idea estigmatiza a quienes están en esa situación y no les da credibilidad a lxs que no cumplen con el estereotipo.

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Mito 4: "Que lo haga por sus hijxs"

En el caso de que tengan hijxs, mejor que se aguanten.

Una vida libre de violencias es un derecho humano que debe garantizarse tanto a quien se encuentre en una situación de violencia por motivos de género como a lxs niñxs que puedan estar siendo afectadxs. Las violencias nunca deben aguantarse o tolerarse. En estas situaciones, es importante acompañar sin juzgar y promover que las madres o quienes asumen un rol de cuidado o responsabilidad parental puedan fortalecer vínculos de respeto y cuidado con sus hijxs en un contexto seguro para todxs.

Mito 5: "Por suerte los tiempos cambiaron"

Las violencias de género son cosa de la generación pasada.

Si bien es cierto que algunas cosas están cambiando, los datos sobre femicidios y crímenes de odio dan cuenta de que seguimos viviendo en una sociedad profundamente violenta y desigual en función del género.

Mito 6: "Son monstruos"

Los varones que maltratan son violentos en todos lados y con todas las personas.

Los violentos no son monstruos aislados. Por el contrario, muchas veces se pueden desempeñar muy bien en su trabajo y ser respetados en su círculo social. Llamarlos “monstruos” es deshumanizarlos y justificarlos en una sociedad que también es responsable.

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Mito 7: "Ella se lo buscó"

Muchos casos de violencia suceden por la ropa que usan las mujeres y LGBTI+.

Nada justifica ningún tipo de violencia. Estos comentarios transfieren la responsabilidad hacia la persona que se encuentra en una situación de violencia en vez de poner el foco sobre quien la ejerce.

Mito 8: "Son lo mismo"

El feminismo es lo mismo que el machismo pero al revés.

El machismo es un discurso que busca promover la superioridad de los varones por sobre las mujeres y LGBTI+. Los feminismos luchan contra las violencias sostenidas y reproducidas por el sistema patriarcal.

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Violencias e interseccionalidad

Para abordar las violencias por motivos de género de manera integral, es necesario poner las mismas en contexto y evitar los análisis aislados de situaciones individuales. En este sentido, es fundamental incorporar a las políticas públicas un enfoque de interseccionalidad que permita dar cuenta y abarcar las múltiples violencias que atraviesan las mujeres y LGBTI+.

Entendemos la interseccionalidad como una perspectiva que tiene en cuenta el impacto diferencial de las violencias de género en relación con múltiples opresiones relacionadas a las particularidades o características que agravan e incrementan la situación de vulnerabilidad de las mujeres y LGBTI+, tales como la edad, la condición socioeconómica, migrante, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, la pertenencia a comunidades indígenas u otras minorías, la ruralidad, la situación de privación de la libertad, entre otras.

JUDITH BUTLER es una filósofa estadounidense que dedica sus investigaciones a temas de género y diversidad, así se refiere a las intersecciones entre género, diversidad y las exclusiones:

“Creo que el análisis interseccional comenzó con la pregunta ¿quién puede reclamar ante la ley? Cuando hacés referencia a la impunidad de los crímenes de odio contra pobres y marginadxs, estás diciendo que el ciudadano-sujeto que puede comparecer ante el sistema legal con un reclamo, una queja, una demanda de reparación, se construye de manera tal que no es una mujer, ni una persona trans, ni unx indígena.

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Estas exclusiones están incorporadas en la ley. Entonces una parte de la lucha es establecer un lugar para lxs marginadxs y excluidxs dentro del mundo público. Eso les dará un lugar dentro de la ley y también en la política” (Judith Butler, 2019).

Si bien durante décadas los movimientos feministas hablaron de las discriminaciones múltiples o yuxtapuestas, el concepto de interseccionalidad fue acuñado por Kimberlé Crenshaw, abogada y académica estadounidense, en el año 1989 (Viveros Vigoya, M., 2016; Crenshaw, 1991). El concepto surge como crítica al feminismo que se enfoca en una sola dimensión de las opresiones (el sexismo) y no da cuenta del modo en que distintos sistemas de desigualdades (económica, cultural, étnica, heteronormativa, entre otras) operan de manera combinada sobre ciertos sujetxs e identidades, limitando su acceso a derechos.

De este modo, la interseccionalidad se presenta como una categoría específica que permite analizar cómo la política pública debe incidir para transformar y no reproducir o reforzar estas desigualdades que afectan a colectivos atravesados por una discriminación estructural.

Pensar en clave interseccional supone comprender estas dimensiones como elementos que se encuentran interrelacionados y superpuestos y que no pueden ser categorizados de manera rígida o estática (Yuval-Davis, N., 2006). Por esta razón es una herramienta clave para la formulación y el desarrollo de políticas públicas, permitiendo que los múltiples elementos constitutivos de las identidades de la población destinataria sean considerados en la política pública a fin de poder dar cuenta de vulnerabilidades u opresiones que de otra manera serían invisibilizadas, naturalizando o reforzando desigualdades estructurales que suponen estos cruces o intersecciones identitarias.

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MIRIAM GOMES es una educadora e intelectual descendiente de pobladores de Cabo Verde que milita por los derechos de las personas afrodescendientes, así se refiere a las intersecciones identitarias:

“A las comunidades afrodescendientes (les falta) lo mismo que a otros grupos vulnerabilizados o a otras minorías discriminadas: el ejercicio pleno de la ciudadanía, en todos los sentidos. Pero eso no lo hacemos solo nosotros, la sociedad en la que estamos inmersos tiene también que hacer el esfuerzo. Un auto análisis, la reflexión, una reescritura de la historia, porque no hay todavía una historia plenamente honesta y verdadera si no nos incluye, a las comunidades negras y originarias” (Miriam Gomes, 2019).

En el ámbito del MMGyD, el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 fue construido desde un enfoque interseccional y conforma, de hecho, uno de sus ejes transversales. En este sentido, las políticas y acciones diseñadas en el Plan suponen el abordaje de las distintas variables que refuerzan las violencias de género.

Su abordaje integral, identifica como pilares la prevención, asistencia, protección y fortalecimiento del acceso a la justicia de las personas que atraviesan situaciones de violencia desde una perspectiva de género y diversidad a la que se le suma el enfoque interseccional. De este modo, da cuenta de la relación del género con otras condiciones de vulnerabilidad que lo interseccionan y agravan las expresiones violentas, tales como: edad, pobreza, orientación sexual, identidad de género, migración y desplazamiento interno, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas u otras minorías, ruralidad, privación de la libertad, entre otras condiciones sociales y culturales.

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Violencias extremas: femicidios, travesticidios y transfemicidios

Las violencias extremas por motivos de género son las tentativas y las muertes violentas de mujeres cis, trans, travestis y de aquellas personas que son víctimas de violencia letal por su identidad, expresión de género u orientación sexual. Estas son las máximas expresiones de violencia que responden al sistema cultural, social, ambiental, político y económico basado en las desigualdades estructurales de las relaciones de poder entre los géneros: el patriarcado.

Femicidios

Los femicidios son las muertes violentas de mujeres cis perpetradas por varones por el solo hecho de ser mujeres. Los femicidios son la manifestación más extrema de un continuo de violencias que incluye pero no se agota en la violación, maltrato físico y emocional, explotación sexual, entre otras. Según esta definición, las muertes violentas de mujeres se producen en un contexto de desigualdad de poder y discriminación y contempla los asesinatos perpetrados por varones en otros espacios -no solo el privado- así como aquellas realizadas por desconocidos o en contextos de violencia sexual.

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MARCELA LAGARDE, activista y antropóloga mexicana especializada en temas de género sobre el femicidio:

“En el feminicidio concurren en tiempo y espacio, daños contra mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas (...) Sin embargo, todos tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables” (Lagarde, 2005).

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La importancia de las palabras

En su jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) adopta la definición “homicidio de mujer por razones de género, también conocido como feminicidio” (6).

El Código Penal de la Nación, al definir el femicidio, también hace foco en las motivaciones machistas del perpetrador. La Ley N° 26.791 modificó el artículo 80 del Código Penal para incorporar las figuras de femicidio y femicidio vinculado. El primer concepto se define como un homicidio “a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género.” El segundo se refiere al homicidio que tiene el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación (cónyuge, ex cónyuge, relación de pareja, entre otros).

Por otro lado, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, utiliza la definición expresada en la “Declaración sobre el Femicidio” aprobada en la Cuarta Reunión del Comité de Expertas/os (CEVI):

“La muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión.”

Como vemos, estas definiciones se centran en la misoginia como factor causal exclusivo del femicidio.

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Micaela García

Micaela García era una joven de 21 años que militaba en el movimiento Evita y también en el “Ni Una Menos”. En 2017 fue víctima de femicidio en su ciudad, Gualeguay (provincia de Entre Ríos). En palabras de su familia, Micaela hacía de sus convicciones políticas su práctica cotidiana. Sus amistades y quienes compartían el espacio de militancia con ella cuentan que "fue una piba que luchó muchísimo en vida y constantemente nos agitaba las brasas que teníamos en nuestros corazones para poder seguir". (7)

La conmoción social que produjo su femicidio y la violencia institucional que develó pusieron en primer plano el reclamo sostenido desde los movimientos feministas: la necesidad de capacitar a quienes desempeñan funciones en el Estado, independientemente de la posición laboral, para incorporar el enfoque de género y diversidad en la tarea cotidiana y problematizar las decisiones y acciones desde esta perspectiva.

Como respuesta a estas demandas, en 2018 se sancionó la Ley N° 27.499, conocida como Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que trabajan en la función pública, en los tres poderes del Estado, en todos sus niveles y jerarquías. Tal es la trascendencia de esta norma y lo que propone que, progresivamente, la han tomado como referencia para la formación otras organizaciones y espacios del ámbito privado.

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Travesticidio y transfemicidio

Los travesticidios y transfemicidios son las muertes violentas de travestis y trans por motivos asociados con su identidad de género. (8) Se considera travesti o trans a quienes se identifican como tal, hayan realizado o no el cambio registral en su documentación personal e independientemente de haber realizado modificaciones en su cuerpo. Travestis y trans construyen identidades de género que desafían la categorización binaria de las personas en los casilleros femenino-masculino. La ruptura que representan sus identidades hace que sus vidas sean sometidas a una exclusión sistemática, que lxs expone con inusitada crueldad a la violencia letal.

MAURO CABRAL, activista por los derechos de intersex y trans, co fundador de GATE - Incidencia trans, de la diversidad genérica e intersex en acción.

“Sin importar qué tan reales o ficticias sean las categorías de hombre y mujer, nadie duda de que vivimos en una cultura donde ser identificado como hombre implica privilegios que no comporta ser identificada como mujer.

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Lo mismo, exactamente lo mismo, pasa con el cisexismo: sin importar quién seas o cómo te identifiques, vivimos en una cultura en la que ser o parecer trans tiene consecuencias materiales y simbólicas inmediatas. Sobre todo, una: valer menos que las personas cis, es decir, de aquellas que no son trans” (Cabral 2014).

En nuestro país la figura del travesticidio fue reconocida en el fallo dictado en el caso de la activista Amancay Diana Sacayán. Esta resolución marcó un cambio de paradigma en la materia ya que, en su veredicto, el tribunal utilizó por primera vez el término “travesticidio” para referirse al homicidio agravado por el odio hacia la identidad travesti y la de violencia de género.

Algunos colectivos denominan travesticidio social a la violencia estructural ejercida sobre travestis y trans que son expulsadxs de sus hogares de origen, de la familia, de la escuela, del acceso a la salud, del trabajo y su último eslabón es la muerte.

El lesbicidio es otra de las referencias que surgen como parte de los debates que buscan visibilizar la letalidad de las violencias contra lesbianas. El Día de la Visibilidad Lésbica fue instituido luego del crimen de odio cometido contra Natalia “Pepa” Gaitán, el 7 de marzo de 2010 en Córdoba en manos del padrastro de su novia.

Los homicidios por motivos de género contra LGBTI+ son la materialización más extrema de las violencias hacia este colectivo. Definidos como crímenes y homicidios por prejuicio, son actos violentos motivados por el desprecio y odio por el origen étnico, religioso, la identidad de género, su expresión o la orientación sexual, entre otras condiciones, que tienen un impacto simbólico y envían un mensaje de terror generalizado a esa comunidad. La violencia por prejuicio frecuentemente se dirige contra LGBTI+, quienes se encuentran particularmente expuestxs al riesgo de atravesar situaciones de violencia física, psicológica y sexual.

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AMANCAY DIANA SACAYÁN

Amancay Diana Sacayán nació en Tucumán el 31 de diciembre de 1975. Algunos años después se mudó con toda su familia a La Matanza (provincia de Buenos Aires). Durante la adolescencia transicionó hacia su identidad travesti en un camino marcado por la exclusión. Las violencias y persecuciones vividas junto a sus compañerxs la impulsó a buscar la forma de organizarse para resistir. Comenzó a militar en movimientos sociales y participó en la creación del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L.). Se convirtió en una referente fundamental de los movimientos de la diversidad en Argentina y fue una de las grandes impulsoras de la Ley de Identidad de Género junto a Lohana Berkis, Pía Baudracco, entre muchxs otrxs.

Diana fue asesinada en 2015. En primera instancia, la justicia calificó el homicidio como un crimen de odio sobre la base de la identidad de género. Es decir, por primera vez el Poder Judicial calificó el hecho por su nombre: travesticidio. Sin embargo, hace pocos meses atrás, en octubre de 2020, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó su condena pero quitó el agravante de “odio a la identidad de género”. Una vez más, vemos los efectos que tiene la falta de perspectiva de género y diversidad en el Poder Judicial que provoca retrocesos en materia de garantía de derechos y compromete la responsabilidad internacional de la Argentina ante el incumplimiento de los compromisos asumidos a través de la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos.

Por último, la trata de personas es una de las formas más extremas de violencias por motivos de género. Daña la integridad física, psíquica y sexual de las personas, así como su independencia y el desarrollo de proyectos de vida libres de violencia. La trata de personas con fines de explotación, especialmente laboral y sexual, afecta especialmente a mujeres, niñxs y LGBTI+.

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Las violencias por motivos de género afectan las vidas de LGBTI+ a través de la discriminación, la exclusión, las barreras que frenan el acceso a derechos básicos como la salud, la educación o el trabajo. Expresar nuestra identidad, ser quien elegimos ser, no puede ser motivo para un trato desigual y menos aún para ser violentadxs.

“Todos los días, al despuntar el alba,

En la superficie de la tierra,

Mueren las travestis anónimas,

O mejor dicho, innominadas.

Y son pocos los que lloran tan triste pérdida.

La pérdida de las guerreras,

De las amazonas del cemento

Que aún en su máscara de maquillajes,

Ejercen su libertad.

Y qué se hace en la máquina del mundo?

Se sigue echando humo, poniendo a funcionar

Las fábricas,

Ordenando en filas a los estudiantes,

Dictando el gusto de las naciones,

Mezclando con el agua las mil supuraciones

De la revolución industrial.

Las travestis no hacen marchas multitudinarias

Que son mostradas en todos los medios de comunicación

Para evitar su matanza.

No.

Aprovechan una vez al año la indiscreción del gay parade,

Y salen a revolear sus pezones como mariposas emperadoras,

a menear el culo de una vereda a la otra

y a confirmar que la única causa por la que vale la pena morir

es la libertad y el amor a esa bestia que nos fue prestada

En esta corta zona de desamparo llamada vida”.

Extracto de “Instrucciones para mi muerte 2”, de Camila Sosa Villada.

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Masculinidades - Vínculos responsables y diversos

Hacer foco sobre los patrones sociales y culturales que moldean los estereotipos, identidades y relaciones entre los géneros es primordial para construir una sociedad más justa e igualitaria. Quitarle el velo a las prácticas violentas y discriminatorias que surgen como resultado del proceso formativo que se inicia en la vida de los varones y que forman parte de una cultura que las promueve y avala, nos permite visualizar las formas en que se manifiestan las desigualdades de género y las violencias que se ejercen contra mujeres y LGBTI+.

Todas, todes y todos podemos decir que formamos parte y contribuimos a la creación y reproducción de los estereotipos arraigados en la sociedad y la cultura, entendiendo a los estereotipos como aquellas ideas generalizadas y preconcebidas sobre un grupo de personas en particular, a través de las cuales se atribuyen características, roles o funciones. En la medida en que ciertas ideas son apropiadas y compartidas socialmente, comienzan a ser tomadas como “leyes naturales o dadas de antemano”, obvias y necesarias, parte del “sentido común”, lo que complica la posibilidad de repensarlas, criticarlas y, sobre todo, modificarlas.

En ese sentido, un estereotipo de género es un prejuicio sobre una persona, basado en su género, que establece diferencias, características, roles y funciones que dan origen a las desigualdades entre los géneros y constituyen expresiones de discriminación, dado que esconden nociones arraigadas socialmente vinculadas a la inferioridad y subordinación de las mujeres y LGBTI+.

Partiendo desde este concepto, podemos decir que existe un cierto modelo o estereotipo de ser varón al que denominamos “masculinidad hegemónica”. Este modelo reúne una serie de características que podemos identificar y describir, tales como ser heterosexual, proveedor, fuerte física y emocionalmente, independiente en la toma de decisiones, valiente y arriesgado, activo y potente sexualmente, entre otras características9, y desde las cuales surgen distintas formas de violencias entre varones y contra mujeres y LGBTI+.

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AGOSTINA CHIODI, LUCIANO FABBRI Y ARIEL SÁNCHEZ forman parte del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, en "Varones y masculinidad(es)" dicen:

“Todos los varones fueron, son y serán socializados en los discursos normativos de la masculinidad. Y que, cada uno, con sus diferencias y singularidades, pueda reflexionar en qué medida está encarnando dichos mandatos, así no sea en la medida más evidente, grosera y violenta. De lo contrario, la construcción de estereotipos de masculinidades de machos alfa y violentos, solo sirve para desidentificarse, tomar distancia y evadir la responsabilidad de problematizar qué prácticas machistas sigo reproduciendo. Y acá una salvedad: en el marco de una cultura machista y una organización patriarcal de la sociedad, no hay quien esté libre de machismo y, por ende, de la necesidad de mirarse al espejo” (Chiodi Fabbri -Sanchez, 2019).

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Las políticas públicas de prevención de las violencias por motivos de género deben incluir el fortalecimiento de concepciones de masculinidad plurales, igualitarias y diversas para, de ese modo, derribar los patrones sociales y culturales que moldean los estereotipos y las relaciones entre los géneros e impulsar un cambio cultural que nos permita construir entre todas, todes y todos la sociedad libre, diversa y justa que imaginamos.

Desde este enfoque, es primordial que todas las personas tengan el derecho a elegir en libertad cómo se definen, cómo se nombran y cómo construyen sus vínculos sexo-afectivos para lograr vínculos responsables y diversos.

Tener en cuenta las distintas formas de construir vínculos, respetarlas y no juzgarlas a partir de las propias concepciones y/o mandatos monogámicos y heteronormativos, garantiza espacios más libres y justos para todas, todes y todos.

Los Principios de Yogyakarta10 definen la orientación sexual como “la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género, o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas” (Principios de Yogyakarta, 2007).

Hay diversas formas de identificar orientaciones sexuales según género y características de las personas. Algunas de ellas son: lesbiana, gay, pansexual, demisexual, entre otras categorías que, cabe destacar, no deben entenderse como estáticas, rígidas o invariables ya que el deseo y la atracción hacia otras identidades puede transformarse. Entender los vínculos desde su caracter diverso nos permitirá vivir experiencias sexo-afectivas en base al respeto y la libertad.

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JOKIN ASPIAZU CARBALLO sociólogo, investigador, activista español dice en "Masculinidades y feminismo":

“¿Desde donde abordamos, por lo tanto, el trabajo con los hombres? Considero que, con demasiada frecuencia, se trata de buscar espacios de seguridad y confort y raramente acabamos creando un entorno que genere susto, malestar o miedo. La comodidad es una constante y considero que debemos señalarla como improductiva a muchos niveles [...] Propongo apostar por generar espacios de incomodidad productiva. Hacemos política cuando nos ponemos en peligro, cuando nos acercamos a una incomodidad de la que surgen cosas (...) establecer espacios de incomodidad productiva significa buscar lugares que puedan generar cambios, pero cuya capacidad no se agote en unas pocas fórmulas aprendidas de memoria. ¿Estamos dispuestos a pensar las propuestas de cambio sabiendo que nos llevarán a tener que volver a formularlas, en algunos casos, tan pronto como las articulemos?” (Aspiazu Carballo, 2017).

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Efectos de las violencias de género en los proyectos de vida de mujeres y LGBTI+ y sus familias

Las violencias por motivo de género atentan directamente contra el derecho a construir y disfrutar de proyectos de vida libres y es de suma importancia entender que la prevención de las violencias de género es indispensable para el desarrollo de vidas independientes. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) — órgano de supervisión de la Convención—, afirmó en la Recomendación General Nº 19 que “la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”.

El efecto de las violencias por motivos de género sobre la integridad física y mental de mujeres y LGBTI+ es, en primer lugar, privarlxs del goce efectivo, ejercicio y conocimiento de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Asimismo, sus consecuencias contribuyen a la subordinación de las mujeres y LGBTI+, a su escasa participación en política y en todas las esferas de la vida pública, a niveles inferiores de educación y capacitación y a oportunidades de empleo.

Los efectos directos de los hechos de violencia contra mujeres y LGBTI+ pueden dejar secuelas graves, tanto físicas como emocionales, tales como depresión, enfermedades de transmisión sexual, heridas graves, entre otras. Estas consecuencias también generan efectos perjudiciales sobre la vida de allegadxs y familiares de las personas que atravesaron violencias de género como secuelas psicológicas, afectaciones económicas, conflictos legales, entre otros.

Si bien todos estos factores son barreras a la hora de que mujeres y LGBTI+ que atravesaron situaciones de violencia puedan diseñar y planear proyectos de vida independientes y tengan plena capacidad de decisión sobre las metas que desean cumplir, cabe señalar que la reparación, tanto emocional como económica, y en algunos casos también física, es posible.

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Para esto es fundamental reconocer en la persona que atravesó violencia de género su propia capacidad de agencia, la autonomía para ejercer la libertad de acción y su papel activo para transformar las relaciones sociales entre los géneros que incrementan la discriminación y desigualdad. Asimismo, también es primordial fortalecer el rol del Estado en el diseño y desarrollo de políticas públicas que permitan acompañar, asistir y reparar de forma integral las situaciones de violencia por motivos de género, sus causas y efectos.

Abordaje integral de las violencias de género

La sanción de la Ley N° 26.485 de Protección Integral de las Mujeres marcó un hito en materia de violencias de género en nuestro país ya que cambió el paradigma para su abordaje. La primera norma que abordó la temática fue la Ley N° 24.417 de “Protección contra la Violencia Familiar” limitada solo al ámbito doméstico, sin hacer alusión a los géneros de las personas que se encuentran en esa situación ni distinción entre tipos y modalidades de violencia de género.

En este sentido, la Ley N° 26.485 no solo visibilizó las violencias más naturalizadas sino que encomendó la elaboración de Planes Nacionales para prevenir, asistir y erradicar las violencias contra las mujeres y LGBTI+, estableció la obligación de implementar una línea nacional de asistencia y acompañamiento para estas situaciones (la Línea 144), brindar capacitaciones permanentes destinadas a lxs funcionarixs públicxs, promover campañas de concientización sobre las violencias contra las mujeres y LGBTI+, fomentar el trabajo en red en el ámbito comunitario, entre muchas otras medidas y acciones que cambiaron la forma de entender las violencias de género en nuestro país.

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Cuando hablamos de abordaje integral de las violencias de género decimos que cambiamos el paradigma de abordaje individual para avanzar hacia la construcción de condiciones subjetivas y materiales para que las personas en situación de violencia de género puedan fortalecer su independencia. Es decir, no se sitúan las intervenciones exclusivamente en la emergencia, sino en la modificación de las condiciones estructurales que sostienen las situaciones de violencia por motivos de género.

¿De qué manera se realiza un abordaje integral de las violencias de género?

Diseñando e implementando políticas de prevención, asistencia, protección y fortalecimiento del acceso a la justicia.

Modificando en el mediano y largo plazo los patrones culturales y estructurales que sostienen las desigualdades basadas en el género.

Previniendo la victimización y revictimización en las intervenciones que realiza el Estado en las situaciones de violencia de género. En este sentido, las políticas de protección no deben recaer exclusivamente en las personas en situación de violencia de género sino que deben enfocarse en los agresores.

Incluyendo la perspectiva de la diversidad como enfoque transversal a todas las políticas, programas, medidas y acciones contra las violencias por motivos de género.

A través de la gestión de la información en materia de violencias, poniendo en el centro de las prioridades la producción de información de calidad para la toma de decisiones basadas en la evidencia.

Transversalizando las políticas de prevención y protección de las personas en situación de violencia de género en todos los organismos estatales.

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A través de modelos de gestión flexible e integrada entre todas las jurisdicciones y niveles estatales para implementar políticas públicas acordes a cada uno de los contextos locales.

Desarrollando territorialmente las políticas de prevención, asistencia y protección de las violencias de género, junto con los distintos agentes institucionales y los múltiples dispositivos provinciales y locales que existen en todo el país.

Trabajando en red con las organizaciones sociales y comunitarias.

El abordaje integral de las violencias de género contempla como condición necesaria el consentimiento de la persona en situación de violencia no solo en relación a la posibilidad de ser acompañada sino a transitar el circuito que se proponga. Este consentimiento no es permanente, puede alcanzarse inicialmente, ponerse en tensión o discusión, e incluso puede perderse durante el proceso de intervención generando la reevaluación de estrategias.

Finalmente, otro elemento fundamental del abordaje integral son los indicadores de riesgo que tienen el objetivo de evaluar, de manera inmediata, la situación en la que se encuentra la persona en situación de violencia por motivos de género a fin de orientar la intervención estatal con mayor precisión y prevenir las situaciones de violencias extremas.

Los indicadores de riesgo deben tener características dinámicas y situacionales ya que no existen evaluaciones de riesgo rígidas: las situaciones de violencia de género son procesos dinámicos que deben ser entendidas en su contexto, por eso es imprescindible contar con alertas que permitan anticipar complicaciones, emergencias, faltas o imprevistos.

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Recursos institucionales: dónde recurrir, qué hacer, cómo asistir si soy familiar, amigx, persona interesada

El MMGyD lleva adelante acciones para transformar la vida de las personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género y fortalecer su independencia en todos los ámbitos.

Esta es una selección de las principales medidas que tienen como destinatarixs a personas en situación de violencia de género y a las organizaciones que trabajan en su abordaje.

Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022

El Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 es el primer Plan que se formuló de manera participativa y federal, es decir, que se diseñó y pensó junto a la sociedad civil, las provincias, los municipios, legisladorxs y actorxs de la administración de justicia.

A su vez, todos los ministerios nacionales asumieron compromisos, lo que significa una amplia transversalización de las políticas de género y diversidad en el Gobierno Nacional.

El Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 cambió la forma de abordar las violencias por motivos de género:

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Busca modificar las condiciones de vida de las personas en situación de violencia por motivos de género además de atender la emergencia. Õ Promueve que las personas fortalezcan su independencia económica, accedan al trabajo formal, a la educación y a la vivienda digna. Õ Incorpora los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex y de todas las identidades y orientaciones no heteronormativas (LGBTI+).

Para conocer el plan y las políticas que lo integran, ingresar a:

Nota del corrector: el cuadernillo original presenta la imagen de un código QR para acceder a los materiales. Fin de la nota.

En la web: https://www.argentina.gob.ar/generos/plan_nacional_de_accion_contra_las_violencias_por_motivos_de_genero

Línea 144

La Línea 144 es un servicio de apoyo y asesoramiento para hacer preguntas, recibir información y acompañamiento ante situaciones de violencia por motivos de género. Está disponible para mujeres y LGBTI+, sus familiares o personas allegadas.

Está integrada por profesionales del derecho, la psicología, el trabajo social, entre otras disciplinas, capacitadxs y/o especializadxs en perspectiva de género y diversidad.

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El servicio es gratuito y funciona en todo el país. La comunicación puede ser por teléfono, correo electrónico o WhatsApp y también a través de la aplicación APP 144 las 24 horas, los siete días de la semana durante todo el año y desde cualquier lugar del país.

Comunicate de manera gratuita, las 24 hs., los 365 días del año:

Por teléfono al 144

Por WhatsApp al 1127716463

Por correo electrónico a linea144@mingeneros.gob.ar

Aplicación APP 144: https://www.argentina.gob.ar/aplicaciones/linea-144-atencion-mujeres-y-LGBTI

Además, para consultar el mapa de Centros de Atención para Personas en situación de violencia por motivos de género acceder a:

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Las mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género pueden consultar en la Línea 144 qué trámites y pasos se necesitan para acceder al Programa Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que brinda apoyo económico para formación y capacitación a personas en situación de vulnerabilidad social y violencias por motivos de género.

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Programa Acompañar

El Programa Acompañar está destinado a mujeres y LGBTI+ que se encuentran en riesgo por atravesar situaciones de violencia por motivos de género y necesitan asistencia económica. Las personas que ingresan al programa reciben un apoyo económico equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil durante 6 meses y acompañamiento psicosocial.

El ingreso al programa se realiza mediante las Unidades de Acompañamiento locales o provinciales que realizan la evaluación del riesgo ante situaciones de violencia de género.

Debe presentarse:

DNI

CBU

Número de cuenta bancaria propia

No se necesita tener una denuncia - Se puede acceder al programa en todas las provincias del país - El Programa es incompatible para titulares del Programa Potenciar Trabajo

Para consultas sobre el programa, comunicate con la Línea 144.

En la web: https://www.argentina.gob.ar/generos/plan_nacional_de_accion_contra_las_violencias_por_motivos_de_genero/programa-acompanar

Para realizar las inscripciones, consultar en:

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Programa Producir

Es un programa de apoyo económico y acompañamiento técnico para crear y fortalecer proyectos productivos que llevan adelante organizaciones sociales y comunitarias en los que participan mujeres y LGBTI+ que atraviesen o hayan atravesado situaciones de violencias de género. No se requiere personería jurídica.

Para consultas sobre el programa, escribir a: producir@mingeneros.gob.ar

Más información en:

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En la web: https://www.argentina.gob.ar/generos/plan_nacional_de_accion_contra_las_violencias_por_motivos_de_genero/programa-producir

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Programa Acercar Derechos

Es un programa que brinda asistencia, información y acompañamiento a personas en situación de violencia de género, sus familiares y personas de su confianza a través de equipos integrados por abogadxs, piscólogxs y trabajadorxs sociales distribuidos en todo el territorio nacional que promueven y facilitan el acceso y ejercicio de derechos.

Los equipos interdisciplinarios:

Ofrecen acompañamiento psicosocial a mujeres y LGBTI+ que se encuentren en situación de violencia de género.

Facilitan el acceso a distintos programas y políticas del Estado Nacional y de los Estados provinciales.

Acompañan a las personas en la realización de trámites y gestiones para acceder a sus derechos.

Brindan asesoramiento legal y facilitan la comprensión del lenguaje jurídico y los procesos judiciales.

Se desempeñan como facilitadores interculturales.

Realizan presentaciones en procesos judiciales en trámite cuando mujeres y LGBTI+ encuentren obstáculos para el acceso a la justicia.

Las mujeres y LGBTI+ mayores de 18 años que se encuentren atravesando una situación de violencia por motivos de género pueden inscribirse o realizar consultas sobre el programa enviando un correo electrónico a la dirección correspondiente a su lugar de residencia.

Para más información, ingresar a:

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En la web: https://www.argentina.gob.ar/generos/programa-acercar-derechos

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Fortalecimiento y trabajo en red con hogares, refugios y casas de medio camino

El MMGyD busca apoyar, fortalecer y consolidar la red de hogares, refugios y casas de medio camino de todo el país que alojan a personas en situación de violencia de género.

El Programa de Fortalecimiento para Dispositivos Territoriales de Protección Integral de Personas en Contexto de Violencia por Motivos de Género:

Coordina las intervenciones entre distintos dispositivos para la atención y acompañamiento de personas en situación de violencia por motivos de género.

Realiza capacitaciones para los equipos que trabajan en hogares, refugios y casas de medio camino.

Elabora protocolos, lineamientos y guías para establecer criterios y abordajes comunes.

Brinda financiamiento a hogares, refugios y casas de medio camino dependientes de los gobiernos provinciales y locales.

Para recibir información, escribir a: dispoprotec@mingeneros.gob.ar

Más información en:

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En la web: https://www.argentina.gob.ar/generos/plan_nacional_de_accion_contra_las_violencias_por_motivos_de_genero/prog-fortalec-para-disp-territor-de-protec-integ-de-personas

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Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes hijxs de víctimas de femicidio (RENNYA)

Es un programa de ayuda económica para niñxs y adolescentes de hasta 21 años, y personas con discapacidad sin límite de edad, cuyas madres o personas a cargo hayan sido víctimas de femicidios u homicidios derivados de violencia de género. Sus titulares reciben una suma mensual equivalente a una jubilación mínima y cobertura de salud.

Para acceder a este derecho se debe reunir la documentación del hecho y de la persona titular del derecho o su representante y sacar un turno en la web de ANSES: https://www.anses.gob.ar/regimen-de-reparacion-economica-para-las-ninas-ninos-y-adolescentes-ley-27452

Para consultas, escribir a: infanciasygeneros@anses.gov.ar o llamar a la Línea 102 o a la Línea 144.

Para consultar el estado de los trámites ya iniciados, ingresar a https://tramitesadistancia.gob.ar con el número de DNI y el número de trámite que figura en el DNI, o comunicarse con la Línea 144.

Más información:

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En la web: https://www.argentina.gob.ar/rennya

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Programa para el Apoyo Urgente a familiares de víctimas de Femicidio, Travesticidio y Transfemicidio

El Programa de asistencia integral para familiares de víctimas de femicidios, travesticidios y transfemicidios brinda:

Apoyo económico equivalente a cuatro (4) salarios mínimos, vitales y móviles para cubrir gastos de movilidad, traslados, alojamiento, alimentación, honorarios médicos y trámites.

Cobertura de los traslados cuando se requieran inmediatamente.

Asistencia para tramitar la reparación económica para niñxs y adolescentes hijxs de víctimas de femicidio (RENNYA).

Asistencia psicológica y asesoramiento legal.

Para acceder a este derecho se debe hacer un trámite a través de la Línea 144 o en las áreas de género de las provincias o municipios durante los 60 días posteriores al hecho.

Para consultas sobre el programa, comunicarse con la Línea 144, por WhatsApp al 1127716463 o por correo electrónico a apoyourgente@mingeneros.gob.ar

Para más información sobre los trámites necesarios para acceder al mismo, consultar en:

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En la web: https://www.argentina.gob.ar/generos/plan_nacional_de_accion_contra_las_violencias_por_motivos_de_genero/programa-para-el-apoyo-urgente-y-la-asistencia-integral-inmediata

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Campaña Nacional “Argentina Unida contra las Violencias de Género”

La campaña nacional “Argentina Unida contra las Violencias de Género” invita a reflexionar sobre los sentidos comunes, prácticas y discursos que reproducen las violencias de género. También propone cuestionar las masculinidades hegemónicas y los mandatos que privilegian a los varones por sobre las mujeres y LGBTI+.

El objetivo de la campaña es hacer un aporte al cambio cultural y social necesario para prevenir las violencias por motivos de género y promover relaciones sociales más igualitarias entre los géneros.

A través de diferentes materiales (videos, afiches, publicaciones, mensajes, recursos para talleres y guías) esta campaña recorre todo el país impulsando a generar transformaciones en todas las comunidades.

Los materiales (videos, afiches, libros, talleres) de la campaña pueden descargarse de:

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En la web: https://www.argentina.gob.ar/generos/argentina-unida-contra-las-violencias-de-genero

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Programa de Escuelas Populares en Género y Diversidad “Macachas Y Remedios”

El programa tiene como objetivo fortalecer la capacitación de mujeres y LGBTI+ para identificar y prevenir las violencias de género y promover la reorganización igualitaria del trabajo de cuidado, entre otros temas.

Brinda un apoyo económico y acompañamiento técnico a proyectos de formación en género y diversidad que llevan adelante organizaciones sociales y comunitarias, culturales y entidades de todo el país.

Las organizaciones interesadas en participar deben presentar un proyecto en base a los ejes de violencias por motivos de género y trabajo de cuidados, e indicar cómo se organizará el proceso de formación, sus contenidos y un cronograma de trabajo. Los proyectos seleccionados reciben financiamiento y acompañamiento para su desarrollo.

Para saber más, consultá en:

Nota del corrector: el cuadernillo original presenta la imagen de un código QR para acceder a los materiales. Fin de la nota.

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Registro Nacional de Promotorxs Territoriales de Género y Diversidad a Nivel Comunitario Tejiendo Matria

El Registro Tejiendo Matria es una política que recupera el valor del trabajo territorial que llevan adelante miles de personas en todo el país. Esta herramienta reúne a promotorxs territoriales en género y diversidad que, cotidianamente, promueven el acceso a los derechos de las mujeres y LGBTI+. La iniciativa impulsa la formación y capacitación en género y diversidad por medio de programas, talleres y/o cursos que brinda el gobierno nacional, gobiernos provinciales y municipales, organizaciones sociales y comunitarias, sindicatos, centros de formación y universidades, entre otros.

Es una herramienta fundamental para que lxs promotorxs trabajen en coordinación con las distintas políticas que desarrolla el MMGyD. También se realizan encuentros de intercambio para la formación y capacitación.

Para más información, consultá acá:

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Programa Articular

Programa de fortalecimiento y acompañamiento para organizaciones sociales y comunitarias que desarrollan proyectos sobre violencias por motivos de género, organización del trabajo de cuidado y diversidad. Otorga asistencia técnica y económica a los proyectos de las organizaciones sociales y comunitarias con y sin personería jurídica que trabajan en temáticas de género y diversidad.

Su finalidad es fortalecer el tejido social comunitario y mejorar las capacidades de acción y gestión de las organizaciones sociales y comunitarias que desarrollan proyectos relacionados con temáticas de género y diversidad. A través del Articular, se busca profundizar y consolidar la relación de las organizaciones con el MMGyD y otros organismos que implementan políticas de género y diversidad.

Más información en:

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Anexo

Marco normativo internacional en materia de violencias de género

En las últimas décadas, el derecho de las mujeres y LGBTI+ a vivir una vida libre de violencias se ha desarrollado de forma prolífica, tanto en el ámbito del Derecho Internacional como en el nacional.

El primer instrumento específico de protección de los derechos humanos de las mujeres es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), adoptado en 1979. La CEDAW, que goza de jerarquía constitucional (en virtud del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional), pertenece al ámbito del sistema de protección de las Naciones Unidas y contiene diversas disposiciones en materia de igualdad y no discriminación.

Pese a no mencionarse específicamente en su articulado el derecho a una vida libre de violencias, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) —órgano de supervisión de la Convención—, afirmó en la Recomendación General Nº 19 que “la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”, de modo que los Estados deben adoptar medidas efectivas para superar todas las formas de violencia basadas en el género.

En el año 2017, la Recomendación General Nº 35 completa y actualiza la Recomendación General Nº 19 y dispone que la prohibición de la violencia por motivos de género pase a ser un principio del Derecho Internacional consuetudinario. Al precisar el alcance de la Convención en materia de violencias contra las mujeres por motivos de género, refuerza la noción de un “problema social más que individual, que exige respuestas integrales, más allá de aquellas relativas a sucesos concretos, autores y víctimas y supervivientes”.

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Posteriormente, la primera convención que reconoce el derecho a una vida libre de violencias como un derecho humano y detalla los deberes de los Estados Parte en materia de prevención, sanción y erradicación de las violencias es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), que data de 1994 y pertenece al ámbito del sistema interamericano de protección.

En el año 2002, Argentina ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos Facultativos. Entre ellos se destaca el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo). Este Protocolo fue el primer instrumento jurídico internacional creado con el objetivo de abordar todos los aspectos de la trata de personas. Dentro de la modalidad “con fines de explotación sexual” las mujeres y LGBTI+ son las principales afectadas. Los fines del Protocolo son, según el artículo 2, prevenir y combatir la trata de personas, “con especial atención a las mujeres y los niños”, proteger y ayudar a las víctimas de trata y promover la cooperación entre los Estados Parte para lograrlo.

A su vez, la Corte IDH acuñó un estándar trascendental al desarrollar el concepto de “debida diligencia reforzada” para definir el alcance de los deberes estatales en esta temática. Esta regla implica que el Estado tiene un deber de prevención y protección calificado o “reforzado”, debido a su posición de garante frente a patrones de violencia estructural que afectan a ciertos grupos subordinados o en situación de vulnerabilidad.

En ese mismo sentido, cabe mencionar que en el ámbito de Naciones Unidas se aprobaron en 2006 los “Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género” (Principios de Yogyakarta). Este documento no es un instrumento jurídicamente vinculante, pero establece estándares legales para guiar la actuación de los Estados y otros agentes en materia de prevención y erradicación de la violencia, abuso y discriminación sistemática que sufren LGBTI+.

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Marco normativo nacional en materia de violencias de género

2008 Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, modificada luego por la Ley N° 26.842. Ambas leyes dan cuenta del compromiso del Estado Nacional de dar cumplimiento a las obligaciones internacionales suscritas en materia de prevención, sanción y erradicación de las violencias por motivos de género. Este compromiso también se materializa en la aprobación de las leyes de Protección Integral de las Mujeres y de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, así como también en el cumplimiento de las obligaciones internacionales que atañen a dicha tarea.

2009 Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.

2010 Ley N° 26.618 que modificó el Código Civil y Comercial de la Nación para incorporar el matrimonio igualitario

2012 Ley N° 26.743 de Identidad de Género, normativa de vanguardia que reconoce la identidad autopercibida de cada persona y su derecho a un trato digno, independientemente del sexo asignado al nacer y de sus registros identificatorios. Por lo demás, es preciso remarcar que las disposiciones contempladas en esta norma proyectan sus efectos en todas las medidas que se impulsen para prevenir, erradicar y reparar las violencias por motivos de género.

2012 Ley N° 26.791, reformó el artículo 80 del Código Penal para agravar ciertos homicidios especialmente relacionados con el fenómeno de las violencias de género. La ley amplió la figura del homicidio calificado por el vínculo (inciso 1), que previamente solo comprendía a lxs cónyuges, a un abanico de relaciones presentes y pasadas, exista o no convivencia, y amplió el catálogo de crímenes de odio a aquellos cometidos por motivos de género o basados en la orientación sexual, identidad de género o su expresión (inciso 4). Además, la Ley N° 26.791 incorporó los incisos 11 y 12.

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El inciso 11 agrava el homicidio de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un varón y mediare violencia de género, es decir, recepta la figura del femicidio.

2017 Ley N° 27.363, dispuso la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación para establecer la privación de la responsabilidad parental al progenitor condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio agravado por el vínculo o mediando violencia de género. Más recientemente, la Ley N° 27.452 (RENNyA) instauró un régimen de reparación económica para lxs hijxs de víctimas de femicidios.

2018 Ley N° 27.499 (Ley Micaela), establece la capacitación obligatoria en las temáticas de género y violencias por motivos de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

2020 Ley N° 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que establece, entre otras cosas, que las personas gestantes tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las catorce semanas del proceso gestacional. Fuera de este plazo, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción del embarazo por distintas causales. Finalmente, la ley sanciona la obstaculización o negación del acceso al aborto en casos legalmente autorizados.

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Segato, Rita (2016), La Guerra Contra las Mujeres. Madrid: Traficantes de Sueños, https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/map45_segato_web.pdf

Sagot, Monserrat (2008), Estrategias para enfrentar la violencia contra las mujeres: reflexiones feministas desde América Latina, Athenea Digital, Núm. 14, 215-228.

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Yuval-Davis, N. (2006). Intersectionality and feminist politics. European Journal of Women's Studies, 13(3), 193-209.

Notas al pie

1. Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. Disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/texact.htm

2. Para más información consultar Anexo normativo.

3. En ese sentido, las normas contravencionales son una herramienta normativa que en la práctica pueden habilitar situaciones de violencia institucional. En función de eso, el MMGyD elaboró junto a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Nación los “Lineamientos para la adecuación de normativas discriminatorias que criminalizan a mujeres cis, mujeres trans y travestis en los códigos contravencionales, de faltas y de convivencia en Argentina” con el objetivo de orientar el diseño e implementación de políticas públicas e informar futuras reformas a la normativa provincial y local, en el marco de las obligaciones que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado argentino. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/presentamos-los-lineamientos-para-la-adecuacion-de-normativas-discriminatorias-que

4. Contenido extraído del material “Guía de herramientas para la detección de señales tempranas de las violencias por motivos de género” del sello Mingeneros del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_de_herramientas_para_la_deteccion_de_senales_tempranas_de_las_violencias_por_motivos_de_genero.pdf

5. Según informa la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los 114.693 casos atendidos desde el 15 de septiembre de 2008 hasta el 31 de mayo del 2020, solo en una ocasión se constató y condenó a una persona por haber hecho una denuncia falsa.

6. Corte IDH, caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, sentencia de 16 de noviembre de 2009, párrafo 143.

7. Fuente: DTV DIPUTADOS TELEVISIÓN. “Ley Micaela: Tu sonrisa como bandera”. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=j8Qx4gHoaQk&ab_channel=DTVDIPUTADOSTELEVISI%C3%93N

8. Según el artículo 2 de la Ley N° 26.743 de Identidad de Género, “se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.”

9. Para profundizar sobre estos conceptos podés consultar la publicación “Masculinidades sin violencia” del sello Mingeneros del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/masculinidades_sin_violencias.pdf

10. Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género (2007), Introducción. Estos principios se desarrollaron en el marco de un seminario internacional realizado en la Universidad de Gadjah Mada (Yogyakarta, Indonesia) en noviembre de 2006, por un grupo de expertxs en derechos humanos de distintas regiones del mundo.

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